Factor Méndez Doninelli
En las últimas semanas ha sido persistente el rumor sobre un Golpe de Estado, que creció cuando la Corte de Constitucionalidad ordenó suspender la juramentación y posesión de los nuevos Magistrados de las Cortes, elegidos mediante un proceso que diversos sectores sociales, organizaciones, observadores internacionales y una Magistrada electa calificaron de fraudulento por los vicios, influjos ajenos e injerencia del Poder Ejecutivo, primero en las Comisiones de Postulación y luego durante la elección en el Congreso Nacional, hechos que vulneran la independencia judicial. La función jurídica, social y constitucional de un juez, es hacer justicia con probidad y transparencia. Los jueces de la dignidad están preocupados por la independencia judicial, el enaltecimiento de la justicia y la dignificación del Organismo Judicial. Por el momento el asalto a las Cortes está congelado.
Grave crisis de institucionalidad. Guatemala atraviesa otra crisis institucional que debilita más el Estado de Derecho y aumenta la ingobernabilidad que caracteriza al actual Gobierno oligárquico, militar y neoliberal. El desmedido afán de lucro y de abuso de poder del gobernante Pérez y sus aliados, los ha llevado a asumir decisiones desesperadas para mantenerse en el ejercicio del poder público. Las alarmas se dispararon porque la ciudadanía intuye que la situación política, social y económica se deteriora a pasos acelerados.
En el ambiente político nacional prevalece la idea de que la situación está delicada, algunos consideran que están creadas las condiciones “objetivas y subjetivas” para que se produzca un cambio de rumbo. De ser así, el dilema es saber, si este cambio será pacífico o violento, si será la derecha ó la izquierda que al final logre el consenso e incline la balanza hacia uno u otro proyecto.
El rechazo de la población a los actuales gobernantes ocurre por los altos niveles de corrupción, evidenciados en las últimas semanas, por la criminalización y represión de las luchas y demandas sociales, por los signos de militarización de la sociedad, por el elevado nivel de inseguridad pública, por la aguda y precaria situación económica, por la opacidad en el manejo y administración de las finanzas públicas, por el cinismo de los diputados corruptos, porque los gobernantes defienden los intereses del capital transnacional en menoscabo del interés social y nacional.
La conflictividad social va en aumento. La manifiesta debilidad y ausencia del Estado incapaz de atender o resolver los históricos problemas estructurales derivados de la desigualdad, inequidad, racismo, discriminación, intolerancia y exclusión que caracterizan a la sociedad guatemalteca, son una muestra palpable. Ante esta desastrosa realidad, es pertinente reiterar la petición de que los actuales gobernantes deben renunciar, ser destituidos o expulsados del poder, luego someterse a procesos judiciales y encarcelados para que respondan por sus crímenes y por el despojo del erario público.
Que todo este fiambre político termine con la expulsión de los gobernantes, que dilapidan los fondos públicos, aliados con el crimen organizado y cárteles de narcotraficantes.
La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) es urgente. Es preciso reformar la Constitución Política de la República de Guatemala (CPRG) y el sistema político electoral, para esto, la ruta imprescindible es integrar una Asamblea Nacional Constituyente para debatir sobre la refundación y recuperación del Estado, retomar la agenda de los Acuerdos de Paz, consolidar la democracia participativa, garantizar la independencia judicial, afianzar la inestable situación política y la exigua gobernabilidad nacional.
