POR JOSÉ DEL ÁGUILA
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El Ministerio Público (MP) interpuso un recurso de queja contra la titular del Juzgado de Mayor Riesgo “A”, Claudette Domínguez, debido a que ésta decidió no aceptar para su trámite un recurso de apelación que presentó el ente investigador con el cual buscaba revocar la medida sustitutiva con la cual fueron beneficiados cinco exdiputados sindicados en el Caso Plazas Fantasma.
Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), dijo que la apelación se presentó porque, a su criterio, la libertad de los excongresistas representa un peligro de “obstaculización a la averiguación de la verdad”.
Según el fiscal, por el cargo que ocuparon los sindicados en años anteriores en el Congreso de la República, existe el riesgo de que puedan interferir en la declaración de peritos y testigos que aún deben presentarse ante la judicatura.
Sin embargo, la jueza rechazó de tajo las apelaciones argumentando que en el escrito había error en una fecha. No obstante, la Fiscalía considera que se debió otorgar un plazo para enmendar el error y no rechazarlas.
“La juzgadora no le dio trámite a las apelaciones indicando que había un error en una fecha, lo que es contrario a lo que establece la materia general de impugnaciones en el Código Procesal Penal. Si ella advertía de que existía un requisito formal que subsanar tenía que conferir un plazo. En ese sentido, por considerar que procede dar el trámite de la apelación, fue planteado un recurso de queja”, dijo Sandoval.
El recurso de queja se tramita en la Sala de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal para Procesos de Mayor Riesgo. Lo que la Fiscalía busca es que se revoque la resolución de Domínguez y que se ordene admitir para su trámite las apelaciones.
OTORGAN LIBERTAD
El pasado 29 de noviembre, en una audiencia que finalizó a las 21:30 horas, aproximadamente, la jueza Domínguez decidió dejar en libertad condicional a los exdiputados César Emilio Fajardo Morales, Carlos Humberto Herrera Quezada, Manuel Marcelino García Chutá, Juan David Alfredo Alcázar y Amílcar Aleksander Castillo.
La resolución se deriva de una petición que formularon abogados de la defensa, quienes argumentaron quebrantos de salud en sus clientes.
Los sindicados se encuentran ligados a proceso penal por los delitos de abuso de autoridad y peculado por sustracción.
Según las investigaciones, cuando los procesados fungían como diputados en el Congreso de la República, realizaron una serie de contrataciones de personal que no acudía a labores, pero que sí devengaba un salario. Algunas de las personas contratadas laboraban en otras instituciones del Estado.
