POR JOSÉ DEL ÁGUILA
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Querellantes del Caso del Hogar Seguro Virgen de la Asunción afirmaron que las declaraciones del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, en torno a la muerte de 41 niñas y las lesiones que sufrieron 15 más en dicho refugio estatal, deben convertirse en un “compromiso de Estado” para mejorar la situación de derechos humanos de la niñez y adolescencia en Guatemala.
Zeid Ra’ad Al Hussein manifestó su conmoción en un comunicado tras haber conocido a una madre de una de las niñas que murió en el incendio del Hogar Seguro el 8 de marzo y tras percatarse de la indiferencia estatal hacia esta tragedia.
“La madre me dijo que no había recibido respuesta, ni siquiera una llamada telefónica de las autoridades, solo un ataúd para enterrar a su hija de 14 años”, indica en el comunicado.
Además, mostró su preocupación por el “aparente abandono de las víctimas del Hogar Seguro y sus familias por parte del Estado y la falta de apoyo psicológico, económico y legal para ellas (…)”.
Paula Barrios, de Mujeres Transformando el Mundo (entidad que participa como querellante en el proceso penal), dijo que es preocupante el hecho de que no se tiene la certeza de qué institución estatal es la que está dando seguimiento a la recuperación de las niñas sobrevivientes. “Debería de existir un plan integral de reinserción a la sociedad de su estado emocional”, comentó.
Barrios expresó que actualmente muchas de las sobrevivientes están al resguardo de instituciones de la sociedad civil. Sin embargo, dijo que no podrán permanecer por mucho tiempo en esas condiciones, por lo que el Estado debe tener un mayor involucramiento en la protección de las víctimas.
En tanto, el abogado Rafael Maldonado, quien representa legalmente en el proceso a 10 familias de niñas víctimas, dijo que las conclusiones a las que llegó Zeid Ra’ad Al Hussein deben convertirse en un “compromiso de Estado para dar justicia a las víctimas”.
Maldonado añadió que, además, el Estado debe mejorar los centros que mantienen niñez institucionalizada. “Estamos olvidando que hubo muchas víctimas que afortunadamente no estuvieron en ese cuarto que ardió a más de 300 grados, pero que también necesitan asistencia psicológica y legal por parte del Estado de Guatemala”, afirmó.
CASO PARALIZADO
El proceso penal que se sigue contra los presuntos responsables de la muerte de las niñas acumula un retraso de casi tres meses. Actualmente, existen nueve apelaciones, una recusación y una solicitud de excusa que aún no han sido resueltas por parte de la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, por lo que el caso permanece detenido.
