POR JOSÉ DEL ÁGUILA
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Analistas del Sistema de justicia señalaron que existe una falta de voluntad por parte de jueces y del sector político para solucionar las demoras judiciales que afectan los procesos penales, las cuales quedaron evidenciadas en el informe “Carrera contra el tiempo” de Human Rights Watch.
Helen Mack, presidenta de la Fundación Myrna Mack, dijo que parte de la responsabilidad de las moras judiciales es de los jueces ya que, en muchas ocasiones, suelen ser muy permisivos con las prácticas de litigio malicioso que adoptan abogados defensores.
“Los jueces en un momento determinado tienen el poder de sancionar a los abogados o llamarles la atención y no lo hacen, son muy condescendientes. El abogado, de alguna manera, hace su intento –por entorpecer procesos-, pero si el juez le tiene miedo o no quiere comprarse el pleito, se va debilitando la figura del juez como tal”, dijo Mack.
En el estudio de HRW, muchos jueces reconocieron que admiten amparos que no cuentan con los requisitos mínimos de admisibilidad o suspenden audiencias cuando no es necesario hacerlo porque tienen temor a incurrir en errores.
“Según varios jueces y abogados entrevistados por Human Rights Watch, el temor de que se determine que incurrieron en error al negarse a dar trámite a acciones, hace que numerosos jueces admitan peticiones que realmente no consideran admisibles”, se lee en el informe de la organización.
SON NECESARIAS REFORMAS
Javier Monterroso, consultor del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (IECCP), señaló que es necesario hacer reformas a la Ley de Amparo para evitar que abogados utilicen esta herramienta de protección constitucional para detener procesos.
Monterroso explica que debería prohibirse que los abogados ataquen resoluciones judiciales de casos penales por la vía del amparo.
“En la mayoría de países el amparo judicial está prohibido, no se puede discutir en amparo casos judiciales. Uno no puede alegar violación a derechos cuando es el mismo Sistema el que está juzgando”, dijo Monterroso.
Asimismo, señaló que el régimen disciplinario, mediante el cual se sanciona a jueces por retardos injustificados, ha sido muy débil históricamente. Y, pese a que ya se reformó la Ley de la Carrera Judicial, el camino para su implementación ha sido muy lento.
“La Ley de la Carrera Judicial fue aprobada en 2016 y hasta la fecha es poquísimo lo que se ha avanzado en la implementación, donde se establece un nuevo Sistema –disciplinario-. El anterior Sistema definitivamente era totalmente impune”, dijo el analista.
