POR MARIELA CASTAÑÓN
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El Ministerio Público (MP) recibió un total de 68 mil 038 denuncias por maltrato contra personas menores de edad, en los años 2012 y 2017, mientras que en el mismo período de tiempo obtuvo 752 sentencias condenatorias y absolutorias. Algunos de estos casos son judicializados y terminan con la institucionalización de los niños, niñas y adolescentes (NNA).
La Procuraduría General de la Nación (PGN) confirmó que los niños de 11 y 5 años, que fueron rescatados el pasado 20 de octubre del maltrato al que eran sometidos por parte de su padrastro, en la aldea San Antonio Chiquito, en el municipio de Uspantán, en el departamento de Quiché, fueron institucionalizados.
La PGN no ubicó recurso familiar idóneo para los menores de edad, por lo que solicitó ante un juzgado la institucionalización en un hogar privado de la localidad.
El día del rescate, las autoridades documentaron a través de fotografías, el estado en el que se encontraban los niños; el infante de 5 años era el más afectado, pues tenía múltiples golpes en su espalda, mientras que el otro niño de 11 años y con capacidades diferentes, se encontraba en total abandono.
El caso de los niños de Uspantán, es uno de miles que ingresan anualmente a diferentes instituciones como la PGN, la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP).
De acuerdo con el ente investigador, en el período del 1 de enero de 2012 al 5 de noviembre de 2017, recibió un total de 68 mil 038 denuncias por maltrato contra personas menores de edad. (Lea el recuadro Denuncias por año).
En tanto, en el mismo período de tiempo, esa instancia obtuvo 752 condenas, de las cuales 605 fueron condenatorias y 147 absolutorias. (Lea el recuadro Sentencias por año).
INSTITUCIONALIZACIÓN, DESTINO DE NIÑEZ MALTRATADA
La PGN representa a los NNA ante el Estado y si son vulnerados en sus derechos, debe rescatarlo y realizar una investigación social, para determinar si los menores de edad tienen recurso familiar idóneo.
La PGN al establecer que los NNA no tienen parientes responsables o familia ampliada, requiere ante los juzgados competentes la institucionalización.
De acuerdo con el Consejo Nacional de Adopciones (CNA), actualmente hay 5 mil 107 NNA resguardados en hogares privados y públicos o del Estado.
Los datos oficiales indican que a la fecha hay 2 mil 849 niñas y 2 mil 258 niños en hogares. (Lea el recuadro Institucionalizados).
En tanto, el CNA registra 164 hogares privados, pero 51 no funcionan, es decir que únicamente toma en cuenta 113. También cuantifica 13 hogares públicos o de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia (SBSP) y tres de la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (SVET), que están ubicados en los departamentos de Guatemala; Cobán, Alta Verapaz y Coatepeque, Quetzaltenango.
PROBLEMA HISTÓRICO Y SIN SISTEMA DE PROTECCIÓN
Otto Rivera, secretario ejecutivo de la Coordinadora Institucional de Promoción por los Derechos de la Niñez (Ciprodeni), ve positivo que la población guatemalteca se atreva a denunciar estos delitos, que han transcurrido desde años atrás y han afectado a los niños y niñas.
“Por muchos años no se hablaba de las violencias que afectan a los niños, niñas y adolescentes, sobre todo aquellas que pasaban dentro de los hogares, escuelas, iglesias o cualquier lugar privado, se quedaba ahí, pero hoy se denuncian”, explica Rivera.
De acuerdo con el Secretario ejecutivo de Ciprodeni, es necesario seguir revelando estos casos, que deben ser acompañados por la capacidad de respuesta institucional e intersectorial.
“Si usted hace ese análisis comparativo entre las denuncias presentadas y las resoluciones condenatorias y absolutorias emitidas, todavía tenemos una enorme desproporción. Esto significa que Guatemala necesita mejorar toda su capacidad de respuesta con investigaciones prontas y efectivas que reduzcan las violencias que se ejercen contras los NNA”, explica el entrevistado.
Rivera lamenta que no existe un sistema de protección para la niñez, pues tampoco se garantiza su bienestar al ser institucionalizados; ejemplifica que nadie asumió la responsabilidad de lo sucedido en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, que dejó 41 niñas muertas. (Lea el recuadro Así le falló el Estado a la niñez).
“Guatemala no cuenta con un sistema de protección de derechos de niñez y adolescencia, la terrible tragedia de 41 adolescentes calcinadas en el Hogar Virgen de la Asunción demostró que el Gobierno de Guatemala tiene instituciones, pero que el Estado no tiene institucionalidad, que proteja y garantice integralmente los derechos de la niñez y adolescencia del país”, reitera.
A criterio del entrevistado, mientras no exista un sistema de protección a favor de los NNA, están condenados al riesgo y a la vulnerabilidad social permanente, en tanto, la ley que busca crear esos mecanismos aún se encuentra en segunda lectura y no parece ser prioridad para los diputados del Congreso de la República.
“Nosotros veníamos impulsando la iniciativa de ley 5285, sobre el nuevo Sistema Nacional de Protección Integral de Niñez y Adolescencia, pero se ha quedado varada, ya pasó en segunda lectura y falta una tercera para que luego lo manden a enmiendas de curul, pero ya estamos a 8 de noviembre (día en que se realizó la entrevista) y la prioridad del Congreso de la República es blindar a los diputados corruptos y la discusión del proyecto de Presupuesto de 2018”, argumenta Rivera.
NO DESCARTA INTERESES
Walter Félix, presidente de la Comisión del Menor y la Familia del Congreso de la República, admite que no hay voluntad de parte de los diputados de las diferentes bancadas, para que el tema avance.
Félix explica que algunas bancadas han hecho enmiendas hasta de palabras que no lo ameritan y cuando se ha intentado discutir y aprobar, varios parlamentarios abandonan el hemiciclo.
“Todavía no sé a ciencia cierta cuántas enmiendas serán, porque teníamos 28 de consenso, pero aparentemente aparecieron nuevas. Uno no se arriesga a pedir la iniciativa de ley, porque pueden decir que tiene enmiendas y no se han consensuado. Otra cosa es que para el Instituto que se creará como parte de la institucionalidad nueva necesitamos 105 votos –para aprobar la disposición-, pero cuando vamos para la tercera lectura se salen –los diputados- y llegamos a menos de 100. Dos o tres veces me he quedado frustrado porque no se puede discutir y aprobar”, dice el representante de la Comisión del Menor.
El entrevistado no descarta que existan intereses para que la normativa no sea conocida en tercera lectura, pues al aprobarse desaparecería la SBSP.
“Encuentro poca voluntad política y hay poco interés; de repente pueden haber otros intereses, porque hay instituciones como la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, que sería absorbida, también sacamos al Consejo Nacional de Adopciones, y puede que haya molestias de algunos sectores”, indica Félix.
