POR JOSÉ DEL ÁGUILA
jaguila@lahora.com.gt
El Ministerio Público (MP) imputó el delito de asociación ilícita al exministro de Gobernación del Partido Patriota (PP), Mauricio López Bonilla, por presuntamente liderar conjuntamente con el reo Byron Lima una estructura criminal que operó en el Sistema Penitenciario entre 2011 y 2013. La imputación se realizó en el juzgado de Mayor Riesgo D como parte de las diligencias que se desarrollan por el Caso Caja de Pandora.
“Usted lideró, de manera conjunta con el señor Byron Miguel Lima Oliva, una organización criminal. Esto, aproximadamente, desde el mes de diciembre del año 2011 hasta, por lo menos, el año 2013, la cual tuvo por objeto cometer diferentes delitos en el interior del Sistema Penitenciario”, reprochó la Fiscalía a López Bonilla durante la audiencia.
Como jefe de campaña del Partido Patriota en las elecciones de 2011, López Bonilla acordó “conferir” a Lima Oliva (asesinado en julio de 2016) el poder de trasladar reos a distintos centros carcelarios. A cambio de estas reubicaciones, Lima Oliva exigía a los privados de libertad el pago de dinero o la entrega de bienes.
Para que esto fuera posible, López Bonilla también ofreció a Lima Oliva “otorgarle potestad de nombrar, organizar y asignar” a personal de confianza en mandos medios y puestos operativos. “Es de esta manera que usted, Héctor Mauricio López Bonilla, como colíder de la estructura criminal, se comunicó en reiteradas ocasiones con el señor Byron Miguel Lima Oliva, utilizando respectivamente las direcciones del correo electrónico jefedecampañapp@gmail.com y cooptorrefuerte@gmail.com”, señaló el MP.
ACUERDA NOMBRAMIENTO
El 21 de diciembre de 2011, a las 12:52 horas, aproximadamente, López Bonilla acordó con el reo asesinado a través de telecomunicaciones el nombramiento de Luis Alberto González Pérez como Director General del Sistema Penitenciario. El cargo lo asumió el 25 de enero de 2012.
Como director, en 2012, González Pérez le dijo a Lima que el exministro le mandaba “un regalo”, que consistía en el poder de trasladar a 150 privados de libertad que permanecían en distintas cárceles hacia Pavoncito, donde él guardaba prisión. Los traslados dependían del perfil económico del reo y de si los privados podían pagar a cambio del “servicio”.
ROSELL
El MP también imputó el cargo de lavado de dinero u otros activos a Marco Antonio Rosell Orozco, quien brindó servicios de defensa legal a Lima Oliva antes de ser asesinado.
Según el MP, en 2013 Lima Oliva entregó una camioneta KIA Sportage LX, modelo 2013, color rojo a Rosell como pago de la asesoría legal. No obstante, este vehículo le fue entregado a Lima como pago por un traslado que realizó en las prisiones, por lo que su procedencia era ilícita.
Según el MP, Rosell tenía conocimiento que la procedencia del vehículo era ilícita y aun así lo recibió.
