Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
Los esfuerzos por apuntalar el sistema de corrupción e impunidad no cesan y, por el contrario, el pacto que fue sellado alrededor del Presupuesto General de la Nación para el año entrante sigue su marcha arrolladora que, de momento, fortalece las posiciones defensivas de los corruptos frente al trabajo tenaz de los entes investigadores y la presión de parte de la ciudadanía que ha entendido que sin depuración no hay futuro. La elección de los magistrados de la Corte de Apelaciones fue una muestra de cuán fácil es lograr acuerdos en un Congreso que rara vez muestra los votos para aprobar algún decreto, pero que no falla cuando se trata de actuar en la defensa y la protección de quienes temen que les pongan la soga en el cuello.
La forma en que funcionó la aplanadora corrupta recuerda la manera en que se votó la ley de telecomunicaciones o como se aprobaron los préstamos para financiar las obras contratadas con Odebrecht. No digamos la manera en que se votó aquel siniestro 13 de septiembre cuando, por decreto, los crímenes dejaron de ser crímenes y los criminales, aún los ya condenados, podían salir de la cárcel con una generosísima redención de penas. Cuando hay tusas se junta el ganado flaco que disciplinadamente se pone firme para satisfacer sus propios y malsanos intereses, pero cuando se trata de los asuntos de interés general y de legislar en beneficio de la población ni a mentadas de madre se llega a un acuerdo.
La elección de magistrados que tienen el compromiso concreto de cubrir las espaldas de quienes los designaron para ir a las Salas de Apelaciones parece un formidable triunfo para la clase política que de esa manera asegura que aunque alguien como el juez Gálvez avance en los procesos y los envíe a juicio o, más aún, si fueran condenados en primera instancia, para eso están las Salas donde las sentencias serían revertidas para paz y tranquilidad de los pícaros.
Sin embargo, creo que son victorias pírricas en la realidad porque más temprano que tarde veremos que todo eso se les revierte porque siguen haciendo más evidente aún, como si hiciera falta, la porquería que caracteriza a nuestra institucionalidad. Ya al día de hoy sólo los ilusos creen que algo bueno podría salir de una decisión legislativa tomada por los actuales diputados porque ya ellos se encargaron de pintarse de cuerpo entero. Y poco a poco la gente tendrá que comprender que la institucionalidad tan sagrada y preciada, está secuestrada por los políticos que la usan como pretexto para reagruparse y continuar con la fiesta de corrupción que les ha resultado tan lucrativa.
Uno pensaría que surgirán importantes voces del sector privado, que tanto se preocupa por la certeza jurídica, analizando cómo ese principio desaparece, hecho añicos, tras las decisiones de los diputados de consolidar la impunidad al llenar las vacantes que había en el poder judicial. Pensar en los dirigentes empresariales, que tanto reclaman certeza jurídica, poniendo atención en lo que ocurrió al elegir a esos magistrados y elevando su enérgica protesta por lo que destruye el Estado de derecho, y la institucionalidad puede ser una utopía.
