Por Redacción La Hora
lahora@lahora.com.gt
El Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) revelaron un nuevo caso de corrupción en el cual están involucrados funcionarios de siete municipalidades de Huehuetenango, Totonicapán y empresarios de la construcción.
En una conferencia de prensa, Thelma Aldana, jefa del MP, e Iván Velásquez, Comisionado Contra la Impunidad, informaron que en los años 2008 y 2009 funcionarios públicos de las municipalidades habrían manipulado contratos de obra pública para favorecer a la constructora “Kelly”, cuyo propietario es Héctor Leonel Castillo Gómez.
Según las investigaciones, las municipalidades lanzaban concursos públicos y las empresas que participaban acordaban presentar precios altos. De tal cuenta, quien ganaba la oferta era la constructora Kelly, empresa que habría hecho varias transacciones a funcionarios municipales, según las investigaciones preliminares.
Las pesquisas detallan que Castillo Gómez depositó al menos 155 cheques a favor de funcionarios de las comunas señaladas y que en total ascienden a Q2 millones 142 mil 036. Las transacciones tendrían por objetivo obtener contrataciones con las municipalidades indagadas.
En el departamento de Huehuetenango se registran al menos 17 contrataciones irregulares y en Totonicapán 5, según los datos revelados por las autoridades en una conferencia de prensa realizada Quetzaltenango.
SOLICITUD DE ANTEJUICIO
Por la presunta vinculación en la red criminal el MP y la CICIG presentarán una solicitud de antejuicio contra el alcalde de Huehuetenango, Gerónimo Martínez Gómez, por aparentemente mantener un vínculo directo con el propietario de la constructora “Kelly”.
MODO DE OPERACIÓN
Los registros presentados por las autoridades dan cuenta que las municipales subían concursos de licitación para diferentes proyectos municipales, que tan solo servían como fachada por ya existir acuerdos entre el empresario con las autoridades ediles, según las pesquisas.
Al ser detectadas las aparentes anomalías la Intendencia de Verificación Especial (IVE) presentó una denuncia ante el MP, lo cual motivo las investigaciones preliminares que dejaron 15 detenciones de un total de 26 que fueron autorizadas por un juez.
La metodología de operación es un tanto similar a la que utilizaba la Municipalidad de Chinautla, a cargo del entonces alcalde, Arnoldo Medrano, quien cumple condena por ilegalidades en el cobro del Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI) y que encabeza a un grupo de sindicados en la más reciente investigación contra dicha comuna por haber “cooptado” el municipio.
