Estuardo Gamalero
“La forma más clara de mostrar lo que el Imperio de la Ley significa para todos, es recordar lo que ha sucedido cuando no hay Estado de Derecho”.
Dwight Eisenhower
En mi opinión, el único medio que garantiza el camino correcto de un pueblo, es el del respeto a la ley. Sin manipulaciones ni excepciones. No se vale politizar la justicia, ni judicializar la política. Merecemos un Poder Judicial independiente, esto significa que los jueces puedan tomar decisiones in-de-pen-dien-tes de los vaivenes económicos y/o políticos de coyuntura.
Por supuesto se vale cuestionar leyes injustas e incorrectas, pero ese es un tema a tratar en otro artículo.
Como abogado y alguien que juró defender la Constitución Política, me llamó enormemente la atención, una carta escrita la semana pasada por la congresista norteamericana (de orígenes chapines) Norma Torres, dirigida al Embajador guatemalteco en Washington, y en el primer párrafo de la misiva, ella cuestiona el compromiso del Estado de Guatemala en el combate en contra de la corrupción, así como el principio jurídico “the rule of law”, que traducido al español significa “el imperio de la ley”.
Lo relevante del tema, no es quién escribe la nota ni a quién está dirigida, sino la importancia y el reconocimiento del “rule of law”, como pilar fundamental de un Estado de Derecho. Eso es, lo que justamente varios hemos venido invocando y defendiendo: QUE NINGUNA AUTORIDAD Y PERSONA ACTÚE POR ENCIMA DE LA LEY.
Es nocivo, escuchar y leer todo el tiempo sobre la crisis que nos aqueja. De alguna manera parecemos un “disco rayado” ya sea repitiendo la teoría de alguien más, o creyendo en “dragones voladores” y “pescaditos embarazados” que se promueven en forma de noticias, profecías apocalípticas o bien, como fórmulas mágicas que curan cualquier mal… algo así, como el producto que los achimeros venden en las camionetas y parques populares.
En los últimos días se ha puesto de moda (como todo en Guatemala) hablar del cambio: “las cosas tienen que cambiar” o “el modelo ya no sirve, hay que modificarlo” son dos frases que aparecen por todas partes. Por supuesto que entiendo que el cambio es una constante en el desarrollo humano y de las sociedades. Lo que debemos cuestionar no es si el cambio es inminente y necesario, más bien, si por lo menos hemos estudiado, profundizado y anticipado los efectos del mismo, de manera que, en el margen de la razonabilidad, sepamos que vamos en la dirección correcta y no tal cuales borregos rumbo al matadero.
Me preocupa que en el afán de mejorar las cosas (que ciertamente están mal), terminemos peor y siendo víctimas de un modelo político que pisotea “the rule of law” y se come los derechos individuales por pequeñas mordidas y sin darnos cuenta.
Deben preocuparnos tres grupos de personas: I. los incompetentes con iniciativa para hablar, especular y proponer desde cualquier butaca o perfil falso. II. Los justicieros revolucionarios podridos en su carga ideológica, y por supuesto, III. Los oportunistas ambidiestros con cola machucada, haciendo arreglos para joder a alguien más antes de ser ellos los chanchitos del asado.
Pero lo que preocupa más, no es la abundancia de los anteriores, sino el silencio de las personas y profesionales parásitos en su concha de comodidad. Específicamente, me refiero al gremio de los abogados «buenos», que con la frente en alto, deberían estar defendiendo los principios y valores que aprendieron durante su carrera. Los cimientos sobre los que descansa la República y por consiguiente el Estado de Derecho que a su vez invoca el respeto de la ley.
Esto no se trata de “si estamos a favor o en contra de la corrupción”, la respuesta a ello es contundente: Sí estamos en contra. El problema es cuando nos asustan con el petate del muerto y resulta que si no hacemos o apoyamos las cosas como nos las imponen, entonces somos corruptos. O si un corrupto nos pide ayuda y no se la damos, entonces somos desleales. ¿Cómo así?
Ojo, que esto aplica para cualquiera: ya sea el empresario que hizo alianzas o justificó la comisión de delitos, para generar riqueza en evidente fraude de ley; el humanista, socialista, altruista que dice defender a los pobres, cuidar el medio ambiente, pero es ruin y destruye las oportunidades de desarrollo fomentando odio. Por supuesto, también aplica para cualquier funcionario público que tuerce “the rule of law”, actúa por encima de sus atribuciones y de los principios jurídicos universales, pretendido ser árbitro, mascota, jugador y espectador.
Esto no se trata de defender, aplaudir o apalear personas: cada quien es responsable de sus actos y debe someterse a ley y a los procedimientos establecidos. De lo que sí se trata, es que ni el Presidente, ni el empresario, ni los fiscales, ni los jueces, ni los embajadores, ni los indígenas, ladinos y ninguno, manipulen la ley o coaccionen la independencia y la autonomía de las instituciones.
