Por Redacción La Hora
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La Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó a la ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel y a la vicecanciller Alicia Castillo, retractarse de la amenaza contra el Comisionado Iván Velásquez realizada por medio de una carta cuando fue notificado de la renovación de su visa, de lo contrario instan al presidente Jimmy Morales para que destituya a las funcionarias a cargo del despacho de la Cancillería.
Esto según una resolución de la máxima Corte que atendió unos memoriales presentados por el procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, Álvaro Montenegro y Elvin Díaz, que accionaron tras el anuncio gubernamental de la suspensión de la visa del jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
La resolución constitucional da un plazo de 12 horas a partir de la notificación para que la Cancillería se retracte del segundo párrafo de la carta enviada al Comisionado, que le advertía no inmiscuirse en asuntos internos. De no cumplir la orden, la ministra Jovel y la viceministra Castillo Sosa tendrían que ser destituidas.
Los documentos presentados tanto por el Procurador y los activistas Montenegro y Díaz ingresaron a la CC después que se hiciera pública la cancelación de la visa de trabajo de Velásquez, que casualmente fue durante la presentación del informe anual de labores de la CICIG.
Dichos memoriales fueron acumulados a las acciones de amparo interpuestas desde el pasado 27 de agosto cuando el presidente Morales declaró “non grato” a Velásquez. En el argumento del memorial presentado por la PDH se enfatiza que la cancelación de la visa tendría el mismo efecto que el fallido intento de expulsión presidencial del comisionado.
Hoy en horas de la tarde la Cancillería público un comunicado en el que criticaban el abordaje periodístico de la nota enviada al Comisionado, en la que según ellos, tan solo era una “comunicación diplomática, enmarcada en los principios, reglas y prácticas internacionales aplicables”.
En una carta firmada por Castillo y dirigida a Velásquez, se lee: “debo recordarle que los privilegios e inmunidades de que ha gozado en el país de conformidad con lo establecido en el artículo 10 del referido Acuerdo, no le eximen de la obligación de respetar la Constitución Política de la República de Guatemala y las leyes del Estado, así como de abstenerse de inmiscuirse en asuntos internos mientras se encuentre en territorio guatemalteco”.
La advertencia anterior se realizó, luego de que el Minex renovara la visa de Velásquez.
La carta explica que el Gobierno accedió a mantener la vigencia de la visa del Comisionado “a solicitud del Secretario General de Naciones Unidas y de cara al diálogo que se ha emprendido con dicha organización, en el marco del Acuerdo relativo al establecimiento de la CICIG, para resolver las actuales preocupaciones del Gobierno de Guatemala respecto de su ejecución”.
