Juan Francisco Reyes López
Jfrlguate@yahoo.com
En los últimos 30 años, en las democracias, se ha considerado que es necesario que exista un funcionario denominado Procurador de los Derechos Humanos, que vele por el cumplimiento y respeto a las garantías individuales y sociales que contiene la Constitución de la República, como pacto social y los tratados internacionales sobre derechos humanos que suscribe el gobierno de cada nación.
Los procuradores de derechos humanos cuando se les elige van cargados de su propio bagaje social, económico y político; y si bien en algunos casos, como en el de Guatemala, son procuradores electos por el Congreso de la República, la mayoría de ellos una vez electos caminan por su propia ruta, ejemplo es el procurador de Derechos Humanos de Venezuela, electo por la Asamblea Legislativa, subordinado totalmente al gobierno del Presidente Maduro, razón por la cual saltó de Procurador de los Derechos Humanos a “fiscal”, nombrado por una Constituyente recién electa que sin duda alguna pertenece solo al movimiento político que preside Maduro.
En el caso de Guatemala cada vez más los procuradores halan agua para su molino y una prueba de ello es Ramiro de León Carpio, quien logró destacar a nivel nacional y por ello ser electo por el Congreso de la República como Presidente Constitucional para concluir el período de Jorge Serrano Elías que interrumpió por sus acciones de hecho.
Algunos procuradores han sido grises, grises, grises y grises y aunque se reúnen con otros funcionarios para opinar, políticamente descuidan velar por los derechos humanos del pueblo, como son la vida, la salud, el empleo, los salarios justos y, por supuesto, también los precios justos de la canasta básica alimenticia, de los medicamentos y demás.
El actual Procurador de los Derechos Humanos, recién electo, Augusto Jordán Rodas Andrade, ha actuado notoriamente en dos hechos, la declaración de Non Grato del Comisionado de la CICIG, Iván Velásquez y las recientes decisiones legislativas que modifican el Código Penal; sin embargo, no vemos que actúe en la defensa a la vida, en defensa del 60% de la población guatemalteca que vive en pobreza y extrema pobreza.
Mes a mes la Canasta Básica Alimenticia aumenta de precio y como lo he señalado, todos los componentes de esa canasta básica, en México cuestan la mitad, por ello EMPLAZO públicamente al Procurador para que actué al respecto.
La salud pública y privada es deficiente, costosa; la seguridad social en el país está estancada, un afiliado, cuando al fin obtiene una cita, tiene que llegar a las cuatro de la mañana a hacer cola para que a las seis una persona administrativa lo deje entrar y le dé un turno, el cual, si es una consulta médica lo logra después de cuatro o cinco horas de espera. Las recetas que los médicos emiten en el seguro social, en la farmacia, después de otras dos horas de cola y espera, les dicen muchas veces que no hay medicamento disponible, eso es una violación a los derechos humanos de la salud; sin embargo, el Procurador de los Derechos Humanos y todo su muy bien pagado personal no actúa al respecto.
“YO LO EMPLAZO” porque fiscalice y audite la salud pública, y también la salud privada, para saber si el sistema de atención no está siendo abusado y estimulado por el lucro.
También LO EMPLAZO en relación al empleo y a los salarios mínimos que privan en el país.
¡Guatemala es primero!
