Por Douglas Cuevas
dcuevas@lahora.com.gt
Poco más de dos meses evadió a la justicia el exdiplomático Julio Ligorría, quien mantenía una orden de captura por el delito de financiamiento electoral ilícito desde el pasado 14 de julio, cuando autoridades del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) revelaron su posible participación en el caso Construcción y Corrupción.
Agentes de INTERPOL lograron dar con su ubicación en Madrid, haciendo efectiva su detención hoy a eso de las 12:15 pm, hora de España, según los reportes difundidos por autoridades del MP.
Julio Ligorría fue embajador de Guatemala en Washington de septiembre de 2013 a octubre de 2015 por el aval de las entonces autoridades de gobierno encabezadas por el extinto Partito Patriota (PP), agrupación política a la que habría asesorado y aportado de manera sospechosa fondos para la campaña política, según las investigaciones.
MP PEDIRÁ EXTRADICIÓN
Según el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, “ya se está en el proceso de certificación de la documentación para hacer la petición ante la judicatura para que inicie la gestión de extradición”, refirió.
Para ello deberán de trasladar los expedientes al Juzgado de Mayor Riesgo “D” y luego el expediente deberá viajar por la vía diplomática para que las autoridades de España conozcan el requerimiento de Guatemala, para que el ex embajador enfrente a la justicia del país.
LAS INVESTIGACIONES
Las investigaciones toman como punto de partida la campaña electoral del 2011 cuando aparentemente Ligorría consiguió Q15 millones de TELGUA para apoyar económicamente al PP en una “estrategia político comercial” que el exembajador habría planeado debido a que la empresa buscaba el apoyo del futuro gobierno para resolver un litigio con otra empresa de telecomunicaciones.
El exembajador también habría organizado una reunión con Carlos Slim, propietario de América Móvil y la dueña de TELGUA, con Otto Pérez Molina, Roxana Baldetti y Alejandro Sinibaldi, para mostrar un acercamiento entre la empresa y el futuro gobierno. Poco tiempo después se firmó un contrato de transacción y finiquito de litigio entre TELGUA y TIGO por US$ 400 millones, según citaron las autoridades durante la presentación del caso.
