POR MANUEL RODRÍGUEZ
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El pleno de la Corte de Constitucionalidad desarrolló una vista pública por las acciones de inconstitucionalidad interpuestas en contra del decreto 12-2014, la denominada Ley de Telecomunicaciones, en donde los magistrados de la CC conocieron los argumentos de diversos sectores de la sociedad para que la normativa no continúe vigente.
Entre los asistentes figuraron representantes del Movimiento Cívico Nacional (MCN), el Consejo de Pueblos de Occidente, la Asociación Guatemalteca de Alcaldes y Autoridades Indígenas (AGAI), la Cámara de Industria de Guatemala, la Municipalidad de Guatemala, la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) y la Superintendencia de Telecomunicaciones.
Las organizaciones argumentaron que la referida Ley está plagada de vicios y errores que atentan contra los derechos básicos, individuales, institucionales y municipales, de tal cuenta exigieron su reforma o anulación definitiva del marco jurídico guatemalteco.
Fernando López, presidente de la Cámara de Industria, expuso que la CIG presentó una acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Telecomunicaciones por considerar que la misma contiene deficiencias técnicas, afectando a la libre competencia al favorecer a ciertas empresas, en contra de principios fundamentales de la Constitución Política de la República como la seguridad e igualdad jurídica y la propiedad privada.
En tanto, Gudiel Miranda, representante del Consejo de Pueblos de Occidente (CPO), criticó que la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT) sea el único ente que autorice la instalación y fije el arbitrio que las comunas deben percibir por la colocación de torres de transmisión de telecomunicaciones y cableado de transmisión de datos en propiedad privada o pública, en territorios de pueblos indígenas, violando el derecho fundamental de la consulta.
Asimismo, el dirigente hizo ver la incongruencia en la aprobación de la Ley, pues por un lado, dijo, se intentó justificar “de urgencia nacional” por la necesidad de controlar las telecomunicaciones móviles en las cárceles; sin embargo el plazo para aplicarla fue de 8 meses, es decir, en diciembre de este año.
En cambio, como parte de la defensa de la Superintendencia a la Ley de Telecomunicaciones, el representante de la SIT se limitó a declarar que el 93 por ciento de los teléfonos móviles en Guatemala no tiene Internet.
En total son 15 inconstitucionalidades que se han presentado en contra del decreto 12- 2014, iniciativa ingresada al Congreso de la República el pasado 8 abril, y aprobada de urgencia nacional ese mismo día, aparentemente, sin haberse analizado ni emitido dictamen favorable por parte de alguna comisión legislativa y sin contar con el suficiente sustento técnico ni jurídico.
Cabe mencionar que en las afueras de la CC, integrantes de dichas organizaciones realizaron una protesta como medida de presión.
