Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
Ayer publicamos una nota sobre el comunicado del intocable CACIF del pasado 13 de septiembre, día de la Infamia, en el que ellos literalmente expusieron que su entidad “considera fundamental preservar las instituciones políticas de Guatemala para que, en un marco de transparencia y diálogo, se permita una reforma integral y responsable de nuestra normativa penal, así como de la Ley Electoral, de los partidos políticos y su financiamiento.” Llamó la atención que la organización de empresarios estuviera expresando, el mismo día en que fueron aprobadas las reformas a esas leyes por los 107 diputados, su interés en que esas mismas leyes fueran reformadas, para lo que pedía que se preservaran las instituciones políticas de Guatemala, siendo la principal el Congreso integrado por representantes de los partidos políticos.
Se llamó al Presidente del CACIF para que explicara el alcance de dicha declaración, pero como pasa muy frecuentemente con La Hora y más desde que destapamos que el hombre del empresariado en el gobierno, Julio Héctor Estrada era el promotor de las leyes de la impunidad, no recibimos respuesta. Y es que la inquietud era más válida cabalmente por la cercanía entre el Ministro de Finanzas y el sector empresarial, mismo que salió a defenderlo a capa y espada cuando se publicó el papel tenebroso que ha jugado al financiar el pacto de impunidad y ordenar la redacción de las leyes espurias que conoció el Congreso.
Anoche hubo reacciones variadas, desde la institucional que pedía derecho de aclaración que ciertamente tienen, hasta algunas más agresivas anunciando que cuando se meten en guerra se meten para ganarla, sin duda entusiasmados por el llamado del otro que ofreció declarar la “guesha”. A la primera se le dijo que si en el tema del financiamiento electoral, por ejemplo, estaban de acuerdo con exculpar a los secretarios generales y si su propuesta de reforma es para endurecer las penas o para eliminar cualquier riesgo de que los financistas puedan ir a parar a la cárcel. El vocero dijo que no entraba en detalles porque no era él quien manejaba el tema y podía incurrir en imprecisiones.
Lo dicho por el CACIF y citado textualmente ayer en la edición de La Hora ciertamente demanda una aclaración y es el CACIF el que tiene que aclararse a sí mismo para despejar dudas más que razonables sobre el sentido de sus palabras y en qué sentido es que creen que se debe hacer una reforma integral y responsable de nuestra normativa penal, así como de la Ley Electoral, de los partidos políticos y su financiamiento.
Emitir comunicados es tarea seria y cada palabra tiene que meditarse porque fijan posición. Si el mismo día en que los diputados manosearon el Código Penal y se metieron a despenalizar el financiamiento electoral, el CACIF hace un llamado a la defensa de las instituciones y dicen que debe haber una reforma de ambos temas polémicos, lo menos que debió decir es en qué sentido debiera ir tal reforma porque lo que cuestionaron fue la forma acelerada y que en la reforma al Código Penal se extendiera el beneficio a todos los delitos, lo que significa que para ciertos delitos (¿corrupción?) sería bueno.
No es primera vez que nos declaran la guerra a lo largo de 97 años y siempre ha sido por no someternos a ningún poder.
