Por Redacción La Hora *
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La Comisión Pesquisidora que analiza la denuncia contra el presidente Jimmy Morales, por aparente financiamiento electoral ilícito en la pasada campaña electoral, trató de encontrar el más mínimo error en la investigación preliminar del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que podría dejar sin inmunidad al mandatario.

_Nac2_2bLa Comisión empezó la sesión pasada las 9 horas con 23 minutos, para recibir como primer punto de agenda la ratificación de la denuncia por parte de la Fiscalía de Delitos Electorales. La reunión fue celebrada en el Salón del Pueblo del Palacio Legislativo.

Como representante del Ministerio Público (MP) compareció el agente fiscal José Rafael Curruchiche, quien aclaró que la jefa del ente investigador, Thelma Aldana, no pudo acudir por temas de agenda.

Entre algunos de los principales obstáculos que trató de encontrar la Pesquisidora al trabajo de investigación, fue cuestionar unos aparentes errores en las transcripciones de la denuncia, a lo que el representante del MP señaló que era normal en procedimientos de este tipo.

CUESTIONAMIENTOS

El vocal primero de la Pesquisidora, Gabriel Heredia, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), también cuestionó por qué aparecía en el expediente del MP como Secretario General de FCN-Nación, el prófugo de la justicia Edgar Ovalle Maldonado y no el presidente Morales, quien aparece posteriormente con varios nombres dentro del documento, por identificarse de distintas formas, según las pesquisas.

Entre estos nombres están: James Morales, James Ernesto Morales y Jimmy Morales, junto a otras variaciones, que hacen referencia al Presidente guatemalteco, quien es señalado por recibir fondos de dudosa procedencia en la campaña política que lo llevó a la Casa Presidencial.

Heredia también preguntó al fiscal del MP si existió algún tipo de presión para la investigación por financiamiento electoral ilícito y aprovechó para calificar la conferencia de prensa del MP y de la CICIG, ofrecida el viernes 25 de agosto, cuando se anunció el antejuicio, de apresurada y con fines políticos.

Las investigaciones por aparente financiamiento electoral ilícito además de vincular a FCN Nación, también relaciona en otra pieza a la bancada de Heredia, la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

TESTIMONIO DE EXCONTADORA

Entre algunos de los puntos con los que el MP espera convencer a la Comisión Pesquisidora para que levante la inmunidad a Morales para una investigación penal, se encuentra la declaración testimonial de la excontadora de FCN Nación, Ana Gloria Pérez.

Según lo relatado por el agente fiscal, dos de los actuales diputados del oficialismo, Adim Maldonado y Javier Hernández, este último jefe de bancada, obviaron una serie de recomendaciones dadas por la contadora quien prefirió renunciar.

Entre estas, según los informes, Maldonado recibió aportes económicos para la campaña por cerca de 232 mil quetzales, sin declarar su procedencia, mientras que Hernández habría obviado entregar una serie de declaraciones juradas solicitadas por la contadora para el debido control monetario de la agrupación política.

Ante estos planteamientos la diputada vocal Dolores Beltrán, del Movimiento Reformador, prefirió cuestionar si la contadora habría presentado alguna denuncia penal ante el MP, dejando de lado las posibles responsabilidades legales de sus colegas diputados.

Durante el interrogatorio de la parlamentaria, dio la impresión que cada una de sus preguntas eran leídas en su teléfono celular, por la posición en que tenía el dispositivo móvil y la forma en cómo formulaba cada una de sus dudas.

El MP resaltó que no fue posible hacer una auditoría concluyente a FCN Nación, porque no existían todos los informes financieros de los meses de trabajo de la agrupación, pero con los documentos obtenidos identificaron que los principales financistas de Morales fueron transportistas, empresarios y particulares.

CITA PRESIDENCIAL

La Comisión citó para esta tarde al presidente Jimmy Morales para que presente sus pruebas de descargo. Hasta el momento se desconoce si el Presidente llegará en persona o si delegará la responsabilidad en un abogado defensor.
*Con información de Joseline Ayala.

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