POR JOSÉ DEL ÁGUILA
jaguila@lahora.com.gt
El amparo que interpuso la defensa de Otto Pérez Molina, el cual es parte de un intento por dejar fuera del Caso La Línea a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), fue trasladado a la Sala de Apelaciones de Femicidio, instancia que se ha caracterizado por favorecer a varios sindicados en casos de corrupción.
El amparo fue interpuesto ayer y, según informó el Centro de Servicio Auxiliares del Organismo Judicial (OJ), ya ingresó a la Sala de Femicidio, integrada por su presidente Noé Adalberto Ventura Loyo, Henry Alejandro Elías Wilson, vocal primero y Ligia Aracely Pérez Véliz, vocal segunda.
La Sala de Femicidio ha emitido varios fallos que han sido cuestionados. Entre los sindicados en casos de corrupción que han obtenido resoluciones favorables se encuentran Mario Ruano San José y Gustavo Alejos, quienes gracias a esa Sala pudieron permanecer recluidos en el Mariscal Zavala, pese a que por disposición de juez se había ordenado su traslado a otros centros de detención.
También han sido beneficiados por los magistrados de Femicidio la exmagistrada Blanca Stalling y la magistrada de la CSJ, Silvia Valdés. El beneficio para ambas consistió en suspenderles citaciones judiciales que tenían programadas.
César Calderón, abogado del expresidente, informó que el amparo se interpuso contra la decisión del titular del Juzgado de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, de no entrar a conocer una solicitud que fue planteada por la defensa para que la CICIG no tuviera más participación en las audiencias de La Línea.
Actualmente, la Comisión participa como querellante provisional en el caso.
BUSCAN SEPARAR A LA CICIG
El pasado martes, la defensa de Pérez Molina expuso ante el juez que la renovación del mandato de la CICIG se hizo de forma unilateral por el Presidente de la República, Jimmy Morales, por medio de una carta enviada al Secretario General de las Naciones Unidas, sin contar con el refrendo de alguno de sus ministros.
No obstante, Gálvez hizo referencia a que ya existía un amparo en la Corte de Constitucionalidad (CC) que señalaba como acto reclamado la renovación del mandato de la CICIG, bajo los mismos argumentos esgrimidos por la defensa de Pérez Molina, por lo que indicó que era competencia del máximo tribunal constitucional resolver el asunto y no de él.
Con el amparo, la defensa del exmandatario busca que el juez entre a conocer la solicitud.
“Nosotros le planteamos al juez que la CICIG ya no debería ser parte del proceso en La Línea porque para nosotros ha terminado su tiempo útil y periodo dentro de Guatemala, entonces el juez Gálvez no quiso conocer nuestra petición; se le planteó un recurso de reposición que también lo rechazó”, dijo Calderón.
