POR KIMBERLY LÓPEZ
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En su propuesta para el Presupuesto 2018, el Ministerio de Finanzas (Minfin) no incluyó cláusulas que funcionen como candados para la ejecución de recursos. En cambio, la Ley de Presupuesto de Ingresos y Egresos aprobada para el 2017contempla algunas medidas en las que se condicionaba el uso de recursos para ciertos casos.
Ninguno de los 93 artículos del Proyecto de Decreto de la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2018, presentado por el Ministerio de Finanzas la semana pasada, contempla medidas para el condicionamiento de los gastos de las instituciones públicas.
Este año, dos candados en la Ley de Presupuesto incomodaron al Organismo Ejecutivo y sus dependencias, pues en más de una ocasión alegaron que estas medidas de transparencia dificultaban los niveles de ejecución.
Uno de ellos era la obligación de que la Contraloría General de Cuentas (CGC) verificara la ejecución física de obras para poder pagar deudas de años pasados.
El otro artículo contemplaba la realización de un censo previo a la ejecución de los programas sociales. La cláusula aplicaba para el Ministerio de Agricultura y el de Desarrollo Social, carteras encargadas de entregar los programas sociales.
CANDADOS CONTROLAN GASTO
No obstante, el Organismo Ejecutivo a través del Minfin propuso para 2018 un presupuesto sin candados y con aumentos presupuestarios para carteras con problemas en la ejecución de sus recursos como el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.
El economista Abelardo Medina, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) comentó que los candados en los egresos del Presupuesto funcionan como medidas para controlar el gasto y evitar prácticas de corrupción.
Los candados molestaron al Ejecutivo en 2017, pese a que según Medina estaban bien planteados para evitar la corrupción.
Las autoridades manifestaron, en reiteradas ocasiones, que dichas restricciones implicaban complicaciones para ejecutar, pero el problema real, según el analista, es que las instituciones no tienen la capacidad de ejecutar pues los cuadros técnicos que tienen son muy limitados para poder hacerlo.
Asimismo, el economista independiente Erick Coyoy señaló que la falta de candados aumenta las probabilidades de que se realicen anomalías y reduce el nivel de transparencia en la ejecución de gasto.
Coyoy también comentó que a las instancias les falta hacer ese esfuerzo extra para responder a los candados establecidos en 2017, y es por ello que las consecuencias se evidencian en los niveles de ejecución.
La propuesta del Ejecutivo aún debe ser analizada, discutida y probablemente modificada por el Organismo Legislativo.
