POR JOSÉ DEL ÁGUILA
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Por cuarta ocasión durante el proceso penal, la extitular del Registro General de la Propiedad, Anabella de León, solicitó a los jueces un arresto domiciliar, sin embargo, la petición fue rechazada una vez más al considerar que la libertad de la sindicada representa un peligro para el esclarecimiento de los hechos investigados.
Durante la audiencia, los jueces del Tribunal Décimo Tercero de Sentencia Penal explicaron a De León que, debido a la alta jerarquía de mando que ocupó en el Registro General de la Propiedad y por los diversos cargos públicos que ha ostentado, cuenta con “vínculos” con terceras personas que ella puede utilizar de “forma política” para perjudicar el juicio.
“(…) Ella era la máxima autoridad. (…) Los vínculos que pueden tener las personas no se forman de un día para otro, llevan un proceso y en este caso la licenciada Anabella ha ostentado varios cargos públicos que hace posible este tipo de vinculación con otras personas”, argumentaron los jueces.
De tal cuenta, la exregistradora permanecerá en prisión preventiva mientras resuelve su situación jurídica.
DAN MEDIDAS SUSTITUTIVAS
Los jueces del tribunal beneficiaron con arresto domiciliario a cinco sindicados y les impusieron fianzas que van desde los Q5 mil hasta los Q30 mil.
Los sindicados que fueron favorecidos son: Esperanza Josefina Castellanos Solís, procesada por fraude en forma continuada, Blanca Amaya Morales, Jennifer Alejandra Flores Villeda, Selvin Aquino Flores y Óscar Aquino Flores, estos últimos ligados a proceso por peculado por sustracción en forma continuada.
A excepción de los hermanos Flores, a quienes se les impuso una fianza de Q30 mil, los demás sindicados deberán pagar Q5 mil a cambio de recobrar su libertad.
Además de la solicitud de la exregistradora de la Propiedad, los jueces también rechazaron la petición de otros tres sindicados que buscaban dejar la prisión. Ellos son Edwin Ariel García Alvarado, enviado a juicio por fraude en forma continuada, Randy Paul Gómez Pérez y William Valdez Segura, por los delitos de peculado por sustracción en forma continuada.
En el caso de Gómez Pérez y Valdez Segura, los jueces explicaron que al momento de girárseles las órdenes de detención ninguno de los dos “colaboró con la administración de justicia”.
“La actitud que asumió puede resistirse a presentarse voluntariamente a resolver su situación jurídica, lo cual es grave sospecha de que el imputado puede sustraerse del proceso, existiendo peligro de fuga”, indicó el Tribunal.
En este caso, 25 personas se encuentran enfrentando juicio, entre quienes figura José Manuel Morales Marroquín y Samuel Morales Cabrera, sindicados de participar en eventos que defraudaron al Registro General de la Propiedad.
