Félix Loarca Guzmán
La decisión de la Corte Suprema de Justicia de dar trámite a la petición de antejuicio del Ministerio Público en contra del Presidente de Guatemala, Jimmy Morales, por sospechas de financiamiento ilícito del partido político que lo llevó al gobierno, y las acciones de un abogado ante la Corte de Constitucionalidad, para anular por supuesta ilegalidad, la prórroga a partir del lunes pasado por dos años más del funcionamiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), han aumentado la incertidumbre política en nuestro país.
En medio de todo este alboroto institucional, el pueblo pobre y trabajador, el que desde muy de madrugada tiene que salir a ganar con gran sacrificio el sustento diario, está pagando los platos rotos, pues los precios de los productos de consumo diario, especialmente los alimentos, están por las nubes.
A todo ello se agrega la crónica deficiencia de los servicios de salud, la creciente inseguridad ciudadana con un aumento impresionante de la delincuencia, el pésimo servicio del transporte público, así como los desesperantes atascos del tránsito de vehículos, todo lo cual configura un verdadero infierno para los guatemaltecos.
La pugna que hay por la decisión del Presidente Morales de ordenar la expulsión del territorio nacional, del Jefe de la CICIG, el jurista colombiano Iván Velásquez, luego de declararlo non grato, ha tenido varias repercusiones, entre ellas, una profunda polarización entre la sociedad.
Esta polarización ha sido alimentada por la manipulación de algunos medios de comunicación comerciales, ya que unos apoyan al gobernante y otros al jefe de la CICIG, creando una gran confusión entre los ciudadanos.
Hay que dejar claro que el Presidente Morales, apoyado por militares del pasado y miembros de la oligarquía, ha hecho un mal gobierno, defraudando las expectativas populares. Por su parte, el Jefe de la CICIG, patrocinado esencialmente por Estados Unidos, no ha enfilado sus acciones para desarticular los verdaderos grupos de poder ocultos bajo el paraguas de una falsa democracia, los que desde el derrocamiento del Presidente Árbenz en 1954, tienen secuestrado al país.
La CICIG se ha conformado en dirigir sus baterías hacia los segmentos secundarios de la corrupción.
La actual confrontación no es más que una pugna de dos polos de intereses, que no representan los verdaderos anhelos del pueblo de Guatemala, que diariamente vive agobiado por condiciones de miseria, pésimos salarios, y una vergonzosa explotación laboral, viendo como la impunidad persiste con el saqueo de los recursos naturales, y la descarada evasión fiscal de sectores poderosos que solo quieren seguir amasando grandes fortunas.
