Claudia Escobar. PhD.
claudiaescobarm@alumni.harvard.edu
Hace dos años, por estas mismas fechas, cuando el proceso de antejuicio avanzaba en contra del presidente Otto Pérez Molina, a raíz de la investigación realizada por la CICIG que lo vinculaba con una red de defraudación aduanera, los guatemaltecos nos unimos en una sola voz para exigir al Congreso de la República que retirara la inmunidad al Presidente.
Hoy, tropezamos con la misma piedra, ya que el presidente Jimmy Morales enfrenta un antejuicio, por la forma en que su partido financió la campaña electoral. Después de que la Corte Suprema le dio trámite al proceso, será el Congreso quien decida si el mandatario se enfrenta a la justicia. Por las implicaciones del caso los diputados quieren proteger al Presidente.
Como en el 2015, la fuerza de la ciudadanía puede hacer la diferencia en este caso. Sin embargo, existen intentos por dividir a los guatemaltecos en el esfuerzo de luchar contra la corrupción. Muchas personas poderosas, antes intocables, deben ahora rendir cuentas. Los medios de comunicación, propiedad de personas señaladas de cometer hechos delictivos, buscan confundir a la población. Es momento de reflexionar y tomar una postura clara en contra de la corrupción, o decidir si preferimos seguir sometidos al flagelo de los que tienen el poder y lo usan para su beneficio propio.
Para un Presidente que llegó electo con la consigna de no ser corrupto ni ladrón, es una obligación moral probar su inocencia. Su legitimidad depende de que sea capaz de demostrar que su actuar está enmarcado en la ley. Lamentablemente el Presidente no ha llenado las expectativas de sus electores. Existen procesos penales en contra de sus familiares y ahora él enfrenta un antejuicio. Aunque el Presidente lo justifique como actos “normales”, no por eso la corrupción deja de ser penada por la ley.
Con la pretensión de expulsar al comisionado Iván Velásquez, Morales no puede sostener que no ha interferido en la justicia y que respeta la independencia de poderes. Es evidente que pretende debilitar las instituciones responsables de la investigación criminal. Además, la polémica generada en torno a sus decisiones, es una cortina de humo de la solicitud de antejuicio en su contra. Si el Presidente está libre de responsabilidad, ¿cuál es el temor a ser investigado?
Es una tragedia para un país que sus más altos gobernantes se vean señalados por actos de corrupción, pero mientras no cambien las reglas del juego el problema seguirá siendo el mismo. Si no queremos estar sometidos a la fiscalización por entes internacionales, es hora de buscar las causas que permiten la malversación de fondos, el abuso de poder, el tráfico de influencias y el robo dentro de la administración pública.
Las crisis también son oportunidades para reflexionar y evaluar nuestros errores. Evadir la responsabilidad, ignorar que el sistema tiene enormes debilidades o buscar a quien le endosamos la culpa de nuestros males, no puede ser la respuesta. Ante una situación como la que está viviendo el país hace falta una propuesta para transformar la gestión pública y reformar un sistema político que ha colapsado. ASIES propuso conformar una instancia de concertación ciudadana. Algunas voces se escuchan con propuestas coherentes como la de Dina Fernández o la de Phillip Chicola. Ojalá y estos esfuerzos tengan eco entre la población y empecemos a avanzar, aunque sea a paso de tortuga.
