Dr. Luis Fernando Cordón Morales
@lfercordon – buzonasprodecogt@gmail.com
Es probable que el actuar político que ha mostrado Guatemala en los últimos años y no digamos en las últimas semanas cree un clima de incertidumbre en la toma de decisiones para la inversión o reinversión nacional o extranjera, lo cual no nos conviene desde ningún punto de vista, porque lo ventajoso sería obviamente ofrecer certeza. Aunque las autoridades rectoras han expresado que las variables e indicadores económicos se encuentran estables y prometen que estarán atentas a los efectos en la producción nacional, sí reconocen la inquietud mostrada de algunos interesados.
Actualmente es cada vez más frecuente escuchar entre los productivos la posibilidad de mermar la intensidad de sus actividades; o bien, el cambio a otras, aunque menos rentables pero más confiables, por ser menos complejas o aún no estigmatizadas por algunas autoridades o grupos desestabilizadores, lo que tampoco es favorable para los intereses generales por varias simples razones, como que genera menor posibilidad de emprendimiento, bajo movimiento económico y poca oportunidad de empleo, que se traduce en menos ingreso tributario; consecuentemente, menor disponibilidad financiera para el Estado.
Por lo anterior, volteando a ver a lo presupuestario, nos topamos inicialmente con que recientemente al Ministerio de Gobernación se le redujo su presupuesto y a la vez se le acrecentó al Ministerio de la defensa, cuando precisamente acababa de ocurrir el atentado en el Hospital Roosevelt y nuevamente se evidenció la precariedad del sistema penitenciario (estructural, administrativa, financiera, técnica y tecnológica) y la ineficiente y desordenada reacción de la Policía Nacional Civil, ambas unidades pertenecientes al primero de los ministerios.
Ahora acaba de recibir el Congreso de la República el proyecto de Presupuesto para el 2018, con una propuesta de 87.9 millardos, con un importante incremento respecto al del año anterior (10.5 millardos) y con un aumento evidente para el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y el Ministerio de Desarrollo Social, que sería vital si realmente funcionaran, ya que lamentablemente en el 2017 han estado entre malos y pésimos ejecutores.
¿Cómo plantean financiar el Presupuesto? Como ha sido la constante en los últimos años, los ponentes proponen soportarlo con bonos del tesoro y deuda externa por 13.8 millardos (totalmente desnaturalizados en Guatemala), pero principalmente con ingresos tributarios por un monto de 63 millardos, lo que requerirá de una alta eficiencia recaudatoria por parte de la Superintendencia de Administración Tributaria, que actualmente no demuestra, ya que para el presente año el ente fiscal se comprometió a recaudar 57.9 millardos, que hasta julio, con todo y exoneración de multas, recargos e intereses, recaudó únicamente 34.3 millardos; con lo anterior y sumado a que Guatemala posee una las menores cargas tributarias de Latinoamérica, se deberá insistir sobre una reforma fiscal profunda, que el gobierno lastimosamente no tiene el liderazgo ni solvencia para encabezarla.
Por lo que ahora es necesaria una revisión pública (ya que la formulación no lo fue) y técnica de la propuesta, para que se apruebe un Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado que sea congruente, equilibrado, funcional y fiscalizable.