POR KIMBERLY LÓPEZ
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Opiniones divididas se han generado en torno a la aprobación de una serie de reformas a la Ley de Bancos, contempladas en la iniciativa de Ley 5157. La propuesta defendida por la Superintendencia de Bancos (SIB) y el Organismo Ejecutivo plantea, en términos generales, trasladar la titularidad de acciones de bancos en problemas con la intención de proteger a los ahorrantes. Sin embargo, los procedimientos planteados en esta normativa no terminan de convencer a algunos sectores.
La iniciativa fue presentada por el Organismo Ejecutivo desde el año pasado bajo la justificación de lograr solidez en el sistema financiero, luego de que fuera planteada por la SIB y aprobada en el seno de la Junta Monetaria.
En un comunicado emitido por la Superintendencia, esa entidad explica que el propósito de la reforma a la legislación bancaria es proteger a los depositantes y no rescatar a los bancos.
La legislación se divide en cuatro aspectos: exigir más capital a los bancos, prevenir el endeudamiento de la población, funcionar como banco abierto para proteger los depósitos y preservar la estabilidad financiera.
La SIB sostiene que exigir más capital a los bancos sería una forma de cumplir con los estándares y recomendaciones internacionales, relacionados con los requisitos mínimos de capital que deberán cumplir los dueños de bancos.
La iniciativa también contempla que “para prevenir el sobreendeudamiento de las personas y proteger la economía familiar, es necesario conocer todos los créditos otorgados a una persona”.
Uno de los puntos más destacados es la intención de preservar la estabilidad financiera para seguir fortaleciendo el sistema bancario para la protección de los depositantes, explica la SIB.
Otra de las propuestas es que el Banco de Guatemala sirva como un banco abierto solo cuando ocurran eventos adversos de carácter extraordinario, pueda administrar un banco sano y mantenerlo en funcionamiento para proteger el dinero de los depositantes.
Sobre este último aspecto, la crítica que se ha generado de parte de diputados y analistas es que el sector público no debería asumir costos que corresponden al riesgo normal del funcionamiento del sector privado.
No obstante la postura de la SIB es que el objeto es fortalecer el sistema bancario para la protección de los depositantes y para ello contempla medidas en las que el Estado asumiría los riesgos en los que puedan incurrir los bancos.
FINANZAS DEFIENDE INICIATIVA
El Ministerio de Finanzas defiende esta iniciativa argumentando que incluye normativas y algunas prácticas a nivel internacional que buscan la solidez del sistema financiero, prueba de ello es que se ha planteado la prioridad de proteger al ahorrante y que los mecanismos que propone prevén que se pueda atender a los bancos.
Esto no abarca a los que tengan problemas recurrentes sino a aquellos que tengan un problema fuera de su dinámica diaria como le ocurrió a algunos bancos a nivel regional, que teniendo buenos índices financieros resultaron con un problema por un factor externo, explicó el viceministro de Finanzas, Víctor Martínez.
De esos bancos, agregó el Viceministro, se trasladaría la titularidad de las acciones al Estado.
En relación a eso, aseguró que tiene que quedar claro que los bancos que tienen malas prácticas son sujetos a las acciones administrativas de la SIB y de la Junta Monetaria y que en última instancia tendrían que hacer una liquidación del mismo.
Por lo tanto esta alternativa no beneficiaría a bancos que tengan malas prácticas y que hayan sido sancionados y estén en un proceso de regularización para bancos que son factores externos.
“Se debe analizar bajo qué condiciones puede acogerse el banco a esta modalidad, pero una vez el banco entrara bajo esta modalidad la propiedad del banco pasa a ser del Estado”, comentó.
CUESTIONAN PROPUESTA
Aunque el propósito de la iniciativa es tratar de garantizar la estabilidad financiera de los bancos, preocupa el hecho de que proteja sobre todo a aquellos que debido a malas inversiones puedan caer en problemas de solvencias.
En palabras de Abelardo Medina, analista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), el resultado con la aprobación de estas reformas se resume en que el gobierno paga “los platos rotos” de las malas prácticas de bancos. Lo cual, según Medina, no es favorable ni justo para el Estado.
La iniciativa tiene dos partes, la primera es sobre garantizar el funcionamiento y la estabilidad del sector bancario, pero en lo que no estamos de acuerdo es que el contribuyente pague con sus impuestos las pérdidas que son ocasionadas por decisiones inapropiadas del dueño del banco, expresó.
Erick Coyoy, economista y analista independiente, también se manifestó en desacuerdo con esta propuesta.
Se propone que el gobierno pueda hacer algo como lo que hicieron en Estados Unidos, en donde los bancos quebraron por sus malas prácticas y luego el gobierno intervino y les inyectó recursos, lo mismo quiere hacer para Guatemala, explicó.
De esa cuenta, si un banco cae en problemas se le expropia a los dueños, se venden los activos y pasivos a otros bancos, pues normalmente si un banco cae en problemas, se disuelve, pero con estas reformas el gobierno podría vender el banco.
No obstante, Coyoy señala que no es función del Estado dedicarse a estas prácticas en aras de resolver malas decisiones de las entidades bancarias. Lejos de eso, debería optarse por afrontar de forma directa estas deficiencias, para evitar que los bancos lleguen a un estado crítico.
No es factible pensar que es algo sano, es lamentable porque solo están buscando una solución en caso hayan bancos con problemas, criticó.
“Se debe analizar bajo qué condiciones puede acogerse el banco a esta modalidad, pero una vez el banco entrara bajo esta modalidad, la propiedad del banco pasa a ser del Estado”.
Víctor Martínez, viceministro de Finanzas.“Se propone que el gobierno pueda hacer algo como lo que hicieron en Estados Unidos, en donde los bancos quebraron por sus malas prácticas y luego el gobierno intervino y les inyectó recursos”.
Erick Coyoy, economista y analista independiente.
