REDACCIÓN LA HORA
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La violencia ha dejado una huella imborrable en la vida de centenares de guatemaltecos, que perdieron a un compañero de trabajo, una hija, esposo o hermano. Aunque el tiempo transcurra, los deudos no pueden olvidar a sus seres queridos.
Esteban Hernández, Suly Cordón y Mayra Castillo tienen algo en común: perdieron a causa de la violencia a un compañero de trabajo, una hija y un esposo, respectivamente.
Cada una de estas personas representa una familia guatemalteca, que no supera la pérdida irreparable de sus seres queridos, quienes con su actitud, trabajo y honradez aportaban en la construcción de un país diferente.
En el caso de Hernández, perdió el pasado 16 de agosto a su compañero Margarito Sucuc Roquel, quien tenía 18 años de laborar como agente de seguridad en el Hospital Roosevelt.
La vida del trabajador fue truncada por un grupo armado que ingresó a ese centro asistencial y rescató al reo Anderson Daniel Cabrera Cifuentes.
Hernández recuerda a su compañero como una persona “respetuosa, honesta y amable”, quien todos los días llegaba puntual a sus labores y no renegaba por las atribuciones asignadas.
“Siempre me daba consejos. Tuvimos una relación honesta y aprendí mucho de él. Cuando uno le decía, Margarito necesito de tu apoyo, él siempre le respondía a uno que lo haría con gusto, no ponía ningún inconveniente”, reitera.
Sucuc tenía esposa y según sus compañeros era padre de cinco hijos. El guardia era originario de San Juan Comalapa, Chimaltenango.
Margarito fue una de las siete víctimas mortales que dejó el rescate del presidiario. En tanto, otras personas que resultaron heridas siguen luchando por su vida, entre ellas un niño de 4 años.
EL DOLOR POR LA AUSENCIA
Suly Cordón de Ruano, madre de Kimberly Ruano, quien murió el 3 de mayo de 2015, en el Hospital General San Juan de Dios, tras el ataque con armas de fuego y un explosivo provocado por pandilleros a guardias del Sistema Penitenciario (SP), continúa severamente afectada por la ausencia de su hija, a quien recuerda como una “joven dulce”, que laboraba de forma honesta en ese hospital.
De acuerdo con la entrevistada, han transcurrido dos años de la muerte de su hija y a la fecha no han logrado guardar sus pertenencias y mover las cosas que ella dejó en su cuarto.
“No hemos podido desprendernos de las cosas de ella, su cuarto está como ella lo dejó desde el día que salió. No podemos deshacernos de nada, es algo que creo que en la vida jamás vamos a superar”, dice la entrevistada entre lágrimas.
Cordón lamenta el luto de tantas familias en Guatemala y se solidariza con ellas, principalmente con aquellas que han perdido a sus seres queridos en atentados en hospitales, por la presencia de reos.
“Si ellos están enfermos –los reos– que les abran un hospital o los lleven porque están realmente graves. Enlutan a tanta familia que no tiene nada que ver, trabajadores, estudiantes, de todo se va”, argumenta la madre de Kimberly.
PÉRDIDA IRREPARABLE
Mayra Castillo es otra representante de las familias afectadas por la inseguridad. Perdió a su esposo Marwin González, piloto de bus de la ruta 40R, el 26 de enero de este año.
La viuda es madre de cuatro niños que tienen edades comprendidas entre uno y 10 años. Actualmente tiene dos bebés –gemelos– que toman leche y usan pañales.
Han transcurrido varios meses y Castillo sigue afectada por la ausencia física de su compañero de vida, a quien recuerda como un padre responsable con sus hijos.
La viuda, al igual que las familias guatemaltecas, lamenta la violencia que sigue afectando a miles de hogares anualmente.
En tanto, concluyen en la necesidad de implementar acciones para prevenir el delito y la violencia homicida.
DEJAR TODO PARA SALVAR LA VIDA
La violencia también es una de las principales razones de migración de los guatemaltecos y guatemaltecas. Muchos migrantes han abandonado el país por el temor a perder la vida o la de sus seres queridos, han sufrido violencia o han estado cerca de morir, y la segunda oportunidad que les dio la vida la tomaron para emprender un viaje, probablemente sin retorno.
Katherine* tiene doce años de vivir en Kentucky, Estados Unidos, pero es originaria de San Rafael La Independencia, Huehuetenango. Cuando se le pregunta ¿por qué migró? sus respuestas no contemplan metas económicas o académicas, sino que de forma directa responde: “por violencia”.
“Las maras no te dejan andar en tu calle”, dice mientras recuerda que antes de migrar su padre era amenazado para que entregara dinero a grupos criminales a cambio de no ser secuestrado o despojado de su casa. Katherine asegura que esas preocupaciones le provocaron un infarto a su padre, arrebatándole la vida.
“Yo llevo doce años ya en Estados Unidos, pero –para– la gente que está en San Rafael La Independencia, Huehuetenango hay problemas que hay que resolver”, destaca, mientras recuerda que también era asediada por las pandillas, quienes amenazaban a las mujeres del municipio con quitarles dinero o violarlas si transitaban a partir de las 6 de la tarde en las calles del lugar.
Paola, otra migrante que vive en el área de Kentucky y Tennessee, cuenta que en 2015 fue víctima de violencia sexual. Fue raptada por desconocidos, luego de salir de la escuela a la que asistía en San Mateo Ixtatán, Huehuetenango.
“Después de la escuela un grupo usando máscaras me agarró y me pusieron en un carro azul”, dice la entrevistada, y agrega que escuchó a sus victimarios organizar otros raptos similares.
Logró escapar con vida, pero con marcas imborrables. El temor la impulsó a viajar y por ahora se encuentra en Estados Unidos.
Entre las mujeres que se encuentran en esta área hay otras de recién llegadas, como Christie, quien migró hace tres años desde el municipio capitalino de Villa Nueva para evitar el asedio de las pandillas, específicamente de la Mara Salvatrucha.
“Migré por miedo a las pandillas y amenazas. Todos los días hay muertes y asesinatos en el municipio donde vivía. Se sufre mucho por el camino y aun estando en este país sufre uno al no tener familia –pero– en el municipio donde vivo, por lo que me doy cuenta, está peor cada día”, puntualiza.
¿CÓMO VIVIMOS EN MEDIO DEL TERROR?
El director de la Liga de Higiene Mental, Marco Antonio Garavito, considera que en países como Guatemala, donde la violencia es un fenómeno recurrente y progresivo, la salud mental de las personas se ve afectada cada día, no solo cuando ocurren hechos como los del ataque en el Hospital Roosevelt.
Como resultado de lo anterior, las personas desarrollan mecanismos para no perder la cordura ante el terror causado por la violencia, explica.
“Las personas no pueden vivir permanentemente ansiosas ni estresadas, ya que de lo contrario surgirían patologías como la esquizofrenia y la paranoia, por lo que han generado un proceso de adaptación a los hechos violentos. La patología es una ruptura con la realidad, es decir, el que trabaja ya no trabaja, el que estudia ya no estudia, en fin. Eso no se da en los volúmenes en los que debería estar porque, frente a esa violencia, los guatemaltecos nos hemos acostumbrado, generamos un proceso de adaptación como un mecanismo de defensa”, asevera.
“Tenemos que adaptarnos para poder funcionar”, dijo Garavito, quien agregó que esa adaptación en cierta medida es positiva, ya que las personas pueden funcionar en una sociedad adversa. Sin embargo, el experto considera que ese proceso también tiene una parte negativa porque genera deshumanización.
Al acostumbrarse a los hechos violentos, los sucesos de ese tipo dejan de impactar y por ello la sociedad se vuelve poco empática y solidaria con las personas que sufren hechos violentos.
UN PROBLEMA DE RAÍCES PROFUNDAS
Encontrar las raíces de la violencia requiere comprender los problemas estructurales del país. Nery Rodenas, director ejecutivo de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado, asegura que la exclusión de un gran segmento de la población que vive en condiciones de pobreza y pobreza extrema es uno de los principales detonadores de la violencia.
Luego de la firma de la paz en Guatemala no se resolvieron los problemas que la causaron en primer lugar, como la pobreza y la falta de oportunidades. Si a eso se suma que una gran cantidad de armas quedaron en manos de la población y que el Estado no es lo suficientemente fuerte como para imponer el cumplimiento de la ley, se obtiene el caldo de cultivo perfecto para el crimen y la violencia.
«Guatemala históricamente ha tenido una estructura excluyente, en la cual grandes sectores de la población no han tenido acceso a servicios básicos o de trabajo y oportunidades de estudio, y eso obviamente se manifiesta a través de la falta de oportunidades», asegura Rodenas, y señala que son esas razones las que han llevado a que algunas personas acudan a acciones al margen de la ley.
El activista señala que en este contexto es necesario prevenir la violencia a través de programas sociales que permitan a los ciudadanos mejorar sus condiciones de vida, mientras se crean oportunidades de educación y trabajo digno para toda la población. Sin esas condiciones de desarrollo, el crimen organizado siempre será una opción más tentadora que el hambre y el desempleo para las próximas generaciones.
Sin embargo, hasta ahora, los programas sociales han sido utilizados por los Gobiernos para cometer actos de corrupción y nadie tampoco se ha preocupado de implementar mecanismos por superar la exclusión de muchos guatemaltecos y guatemaltecas.
TAMBIÉN HAY QUE FORTALECER AL ESTADO
Mayra Véliz, secretaria general del Ministerio Público, resaltó que fortalecer al Estado y sobre todo al sistema judicial, que se encarga de juzgar y sancionar a quienes no cumplan con la ley, es otro paso clave para combatir la violencia.
“La justicia es el último eslabón del cumplimiento de la ley en un país. Y puede ayudar a solucionar el problema de la violencia siempre y cuando todo lo anterior funciona de una manera sistémica”, señaló.
En materia de seguridad también es necesario que se implementen programas de prevención del delito, ya que el enfoque actual está centrado en la reacción, dijo.
En tanto, el trabajo de los tribunales de justicia se da después de cometido el hecho, pero puede ayudar a prevenir en la medida que cada sentencia fomenta una cultura de respeto a la ley. “El sistema manda un mensaje a la sociedad cuando se sanciona a una persona, porque advierte a otras personas lo que les puede suceder y transgreden las normas”, explicó.
¿QUÉ HARÁ EL GOBIERNO AL RESPECTO?
La intención del Organismo Ejecutivo frente a la exigencia de la población de garantizar condiciones de seguridad y reducir los niveles de violencia, es intensificar sus esfuerzos para combatir ese flagelo, dijo Heinz Hiemann, en nombre del Ejecutivo.
“La intención es intensificar esfuerzos”, respondió el portavoz presidencial
Según el portavoz, son varias las acciones que se han tomado para hacer frente a la violencia en el país. “Ahorita a fin de año estamos graduando 4 mil agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) a los cuales se les estará apoyando con equipo de reacción”, señaló.
Asimismo, indicó que ha existido una mejora en los procesos de investigación como resultado de que se han mejorado las capacidades e instituciones, a través del aporte de recursos.
En cifras, según el representante del Ejecutivo, en lo que va del año se han realizado 40 mil capturas, de las cuales únicamente 2 mil quedaron sujetas a un proceso de investigación ante la justicia.
Asimismo, destacó que anualmente han crecido alrededor de 1 mil 500 personas privadas de libertad en las cárceles, pero no nos debemos enfocar únicamente en la reacción sino en la prevención.
Por ejemplo, dijo, se han logrado evitar más de 600 asesinatos en lo que va del año. Las acciones se han dado “mediante la prevención, estas son actividades que no se ven en las portadas de los periódicos pero se ven en los indicadores”, aseguró.
