POR REDACCIÓN LA HORA
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La Comisión de Asuntos Electorales del Congreso busca definir explícitamente en la Ley Electoral en qué consiste la “idoneidad” de un aspirante a un cargo público.
Esto, según sus miembros, es necesario para que no se impida aspirar a un cargo de elección popular a las personas que enfrentan procesos judiciales y no han recibido condena.
Óscar Argueta, presidente de la Comisión que elabora una propuesta de reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), explicó que actualmente no existe impedimento legal para que quienes tienen un proceso judicial abierto participen en las elecciones, pero desean dejarlo claro en la regulación para que se respete el derecho a la presunción de inocencia.
“En el tema de idoneidad estamos desarrollando una propuesta que tome en cuenta las limitaciones constitucionales. Justamente en este documento (el dictamen de la iniciativa de reforma) le vamos a poner énfasis especial a eso, en el documento que se envíe al TSE, para que nos aporten qué otras cosas le podemos añadir, pero que quede claro en la ley de una vez qué se entiende por idoneidad, capacidad y honradez”, dijo Argueta.
Especificar la definición de cada uno de esos aspectos imposibilitaría que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) haga análisis antojadizos de la aptitud de una persona para ocupar un puesto de elección popular y le impida inscribirse como candidato, explicó Cristina Quinto, diputada de TODOS y parte de la mesa de trabajo.
“Debería de estipularse quién es idóneo y quién no, pero establecerlo en ley para que no quede de manera tan subjetiva, porque en nuestro ordenamiento jurídico las personas que no han sido condenadas siguen siendo inocentes. Entonces, si hay una persona que tiene antejuicio por algún caso o bien otra persona que sea un candidato nuevo, pero que sea un proceso abierto penal, este hecho no lo debería de hacer no idóneo”, explicó.
La semana antepasada los magistrados del TSE ofrecieron una conferencia de prensa en la cual denunciaron que algunas modificaciones propuestas por la Comisión encargada de las reformas a la LEPP eran inconstitucionales y buscaban socavar su independencia.
Argueta indicó que en una reunión sostenida ayer por la mesa de trabajo terminaron de revisar el documento de comentarios que hizo público el TSE y que aunque hay algunos aspectos en los que están de acuerdo, hay otros que cada miembro de la Comisión deberá discutir con su bancada, de modo que cuando la iniciativa llegue al pleno de diputados ya cuente con los consensos necesarios para su aprobación.
