POR KIMBERLY LÓPEZ
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Las reformas al sector justicia constituyen una «oportunidad invaluable para fortalecer la independencia de los operadores de justicia», apuntó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en las observaciones realizadas sobre la situación del sistema de justicia en el país y debilidades que aún persisten en las instituciones del Estado. El mensaje, según analistas consultados, es oportuno y está dirigido tanto al Congreso, como a quienes se oponen a estas reformas.
Durante su visita por el país y tras conversaciones con operadores de justicia, la CIDH percibió una serie de debilidades en el sistema de justicia, frente a unos leves avances.
Según expresaron los comisionados en una rueda de prensa, aunque el país se encuentra a dos años de una movilización ciudadana sin precedentes y a pesar de los avances en la lucha contra la corrupción y la impunidad encabezados por la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) y el Ministerio Público (MP), hay sucesos preocupantes.
Por ejemplo, la información y denuncias que recibieron sobre intimidaciones y presiones contra jueces, fiscales, defensores públicos, entre otros.
En términos generales, estos intentos de limitar el trabajo de dichos operadores obstaculiza el acceso a la justicia. Por eso es que la discusión en marcha por las reformas a la Constitución en materia de justicia, es importante.
«De cara a estos problemas, la Comisión considera que el proceso en trámite de reforma constitucional a la justicia, es una oportunidad invaluable para fortalecer la independencia de las y los operadores de justicia del país», resaltaron.
MENSAJE OPORTUNO
Aunque los tres poderes del Estado convocaron a una mesa nacional para el diálogo de una propuesta de ley para reformar el sistema de justicia, los cambios aún no están cerca de ser aprobados y existen opiniones en contra de que el Congreso apruebe la propuesta.
Por ese motivo es que la observación de la Comisión sobre la aprobación de las reformas constitucionales resulta un oportuno mensaje para los diputados y para quienes se oponen a las mismas, opinaron analistas consultados.
La directora de la Fundación Myrna Mack, Helen Mack, manifestó estar de acuerdo con las observaciones de la CIDH, principalmente ahora que la aprobación de la iniciativa parece estar más lejos que antes.
El Congreso y otros grupos mantienen un rechazo a las reformas debido a que la implementación de estas afectaría las estructuras de impunidad, explicó.
Según Mack, con los cambios a la Constitución se pretendía una independencia judicial, sin embargo, en el Congreso presentaron una serie de obstáculos, entre ellos, el pluralismo jurídico, cuando en realidad, a su criterio, lo que detiene la iniciativa es la necesidad de mantener la impunidad.
Las reformas fueron hechas en un momento ilustre en el que se solicitó un cambio de sistema para atacar la corrupción, pero ese impulso debe ser retomado por los diputados y la ciudadanía, añadió el politólogo Jorge Wong.
Ambos destacan que el mensaje es hacia el Congreso y hacia quienes se han opuesto a un cambio estructural en el sistema de justicia.
La Hora intentó conocer la opinión de Zury Ríos, quien ha encabezado el rechazo a las reformas constitucionales, pero al cierre de la edición aún no se había obtenido una respuesta de la consultada sobre lo evidenciado por la CIDH.
