Por Grecia Ortíz
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó que el Organismo Legislativo realice cambios urgentes en el Sistema Penitenciario (SP) dadas las condiciones en que se encuentran más de 22 mil personas privadas de libertad, según pudieron constatar durante su visita al país.
En una rueda de prensa al culminar su visita de campo al país, los comisionados de la CIDH manifestaron que las visitas a algunos centros de detención los dejaron impactados debido a las condiciones en que se encuentran los privados de libertad.
“El Sistema Penitenciario se caracteriza principalmente por hacinamiento, uso excesivo de la prisión preventiva, deplorables condiciones de detención, utilización de aislamiento prolongado, y falta de control efectivo de las autoridades al interior de los centros”, señalaron los comisionados.
A la vez, destacaron que un diez por ciento de la población penitenciaria son mujeres, lo que les preocupa especialmente considerando que el porcentaje duplica los registros en promedio de América, “el Estado debe seguir implementando acciones, que se dirijan principalmente a la utilización de medidas alternativas a la privación de la libertad y a propiciar la reinserción social de las personas privadas de libertad”, indicaron.
Hasta ayer, el SP contabilizaba el resguardo de 22 mil 574 privados de libertad en los 21 centros de detención que existen en el país, de los cuales 11 mil 371 se encuentran en condición preventiva.
CONGRESO TIENE UN PAPEL FUNDAMENTAL
Jorge Santos, de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (Udefegua), señaló que lo encontrado por la Comisión es un escenario muy por debajo de lo que se esperaba a partir del último informe de 2015, en donde el SP ya representaba una situación de deterioro que se mantiene y que se ha profundizado.
«Yo lo que creo es que el Congreso de la República en su función de legislar para garantizar la Constitución Política debe hacer un esfuerzo sostenido que le permita al resto de instituciones públicas en este particular, las encargadas de seguridad y específicamente al SP, contar con un marco legal que transforme el sistema», destacó Santos.
Para Santos, el Congreso tiene un papel fundamental que cumplir sobre el SP, que por el momento no está haciendo.
En tanto la diputada Sandra Moran dijo al ser consultada: «yo coincido en el tema del uso excesivo de la cárcel preventiva, sobre todo para las mujeres porque eso afecta muchísimo a niños y niñas”.
Sobre el anuncio del Ministerio de Gobernación sobre la creación de nuevas cárceles y de la implementación del sistema que opera en República Dominicana, la legisladora enfatizó que esto no necesariamente resuelve problemas, sino que crea otros.
