POR MARIELA CASTAÑÓN
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La Secretaría de Bienestar Social (SBS) custodia a 798 adolescentes en conflicto con la ley penal: 524 son menores de edad y 274 mayores de 18 años, quienes están en los cuatro centros de detención. Los últimos amotinamientos evidencian que la SBS carece de protocolos de actuación, porque ha dejado esa responsabilidad a la Policía Nacional Civil (PNC). Ante esta situación surgen los cuestionamientos ¿Cómo deben actuar las autoridades ante un amotinamiento? ¿Qué acciones son urgentes a implementar?
El último amotinamiento ocurrió el pasado 3 de julio en el centro de detención juvenil conocido popularmente como Las Gaviotas, ubicado en la zona 13.
Los adolescentes se subieron a los techos, destruyeron la infraestructura y algunos huyeron. Según ellos, se amotinaron porque querían exigir alimentación en buen estado y no descompuesta, un trato respetuoso a sus familiares, dejar de usar el uniforme y tener visita conyugal. Horas antes, las autoridades habían encontrado a dos internos muertos. Posteriormente localizaron a un tercero.
El día los disturbios las autoridades demoraron varias horas para tomar el control, porque mientras la SBS y otras entidades pedían a la PNC su intervención, los integrantes de esta institución se mostraron más cautelosos que en otras ocasiones, ya que el pasado 28 de junio, siete policías fueron detenidos porque, según las pesquisas del Ministerio Público (MP), agredieron físicamente a jóvenes en conflicto con la ley en Anexo II, en julio de 2015. En esa ocasión murieron dos monitores y otros dos fueron retenidos por varias horas.
¿QUÉ HACER?
Algunos profesionales opinan que por ley le corresponde a la SBS la custodia y el resguardo de los jóvenes detenidos, aunque admiten que es evidente que carece de protocolos de actuación. Otros no descartan la posibilidad de considerar al Ministerio de Gobernación (Mingob) u otra institución, para que tenga esa responsabilidad, pues regularmente es la cartera del Interior la que interviene en los amotinamientos.
Walter Menchú, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), opina que la SBS debe tener la custodia de los adolescentes detenidos, y ante eso debe reestructurar el sistema, porque los problemas inician por la sobrepoblación.
“Lo que hay que hacer es deshacinar esos lugares, separar -a los jóvenes-, tanto los que tienen entre 13 a 15 años y entre 15 y 17. Lo más importante es separar a los mayores de edad, que también lo dice la ley, que debe existir un centro exclusivo para ellos y ese debe ser un cumplimiento de condena a donde se traslade a la gente que ya ha cumplido la mayoría de edad. Mientras no se haga esa separación y se mantenga ese hacinamiento que se ha tenido, los problemas van a continuar”, explica Menchú.
Por otro lado, Marcos Yax, uno de los diputados que impulsa una iniciativa de ley que estipula penas desde 6 a 12 años a jóvenes que cometieron delitos como violación, secuestro, desmembramiento y asesinato, y exige un pago de remuneración económica de los padres de familia de estos muchachos para las víctimas de los delitos, dice que no descartan proponer al Mingob en esta disposición, para custodiar a los adolescentes; sin embargo, también apela a la selección de perfiles idóneos en la SBS y al fortalecimiento de las instituciones.
En tanto, el ministro de Gobernación, Francisco Rivas, indica que, aunque no existe una posibilidad legal para que el Mingob se haga cargo de los correccionales, si considera que el tema de los jóvenes detenidos debe ser analizado.
“Para eso se tienen que hacer las modificaciones legales correspondientes, porque hoy la obligación legal no le corresponde al Mingob, sino a la SBS. Tiene que existir un tratamiento especial a esos menores en conflicto con la ley penal, de la misma forma, bajo las mismas circunstancias, como lo hace un mayor de edad que delinque”, responde el funcionario al ser cuestionado sobre el tema.
Este vespertino también solicitó información a la SBS sobre los protocolos de actuación y datos generales de los jóvenes detenidos, pero al cierre de este reportaje no emitieron respuesta.
URGE CREAR PROTOCOLOS
El investigador del CIEN destaca que entre las medidas urgentes a implementar está la creación de protocolos ante amotinamientos, porque no existe una hoja de ruta a seguir.
“Según entendemos, no existen protocolos y es algo que debe plantearse. Cuando las aguas están calmadas, se planifica para futuros eventos. Debería haber protocolos interinstitucionales en donde la SBS y los directores de cada centro -correccional- puedan activarlos. Si la situación se sale de las manos, se convoca a las instituciones y cada una debe tener una ruta acerca de qué va a hacer. Por lo regular siempre se apela al diálogo y a la no violencia, sin embargo, también existen límites”, refiere Walter Menchú.
El profesional dice que cuando ocurren motines, la SBS prácticamente descarga su responsabilidad en otras instituciones, cuando debería tener la última palabra y decidir o no el ingreso de la PNC. Dice que Bienestar Social debería ser el coordinador de todas las acciones y responsabilizarse por lo que sucede en sus instalaciones.
El entrevistado agrega que otras acciones urgentes deberían estar enfocadas en atender el hacinamiento, por ejemplo, los bienes extinguidos al crimen organizado, se podrían destinar para albergar a los jóvenes, o con el dinero obtenido de la venta de estos inmuebles se puede invertir en infraestructura.
JÓVENES EN CONFLICTO CON LA LEY
Hasta el 13 de julio, la SBS custodiaba a 798 adolescentes en conflicto con la ley penal: 524 eran menores de edad y 274 mayores de 18 años.
En tanto, los delitos en los que más incurren los jóvenes son asesinato, extorsión, portación ilegal de arma de fuego, homicidio y robo, según la Secretaría.
