Por Denis Aguilar
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La Fiscal General Thelma Aldana indicó hoy que comparte la postura del comisionado Iván Velásquez sobre la necesidad de cerrar las cárceles ubicadas en cuarteles militares, donde varios sindicados guardan prisión preventiva.
Ayer en su cuenta de Twitter, el titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) dijo que “es necesario y urgente empezar a buscar alternativas a las cárceles ubicadas en instalaciones militares. Deben cerrarse”.
La jefa del Ministerio Público (MP) fue consultada hoy por periodistas si compartía la opinión de Velásquez, a lo que contestó positivamente.
“Por supuesto, estoy absolutamente de acuerdo. Las instalaciones que utiliza el Ejército de Guatemala no deben de servir como centros de privación de libertad”, indicó.
Aldana dijo que ha existido la necesidad de utilizar esas cárceles, sin embargo, considera que se debe actuar, ya para que este tipo de centros carcelarios dejen de funcionar.
“Se debe diseñar todo un procedimiento para que el Sistema Penitenciario tenga sus propias instalaciones”, anotó.
Aldana adelantó que el Ministro de Gobernación, Francisco Rivas, está trabajando en un plan para poder alcanzar el objetivo de cerrar los centros carcelarios en las instalaciones militares. Sin embargo, manifestó que este proceso podría tardar hasta diez años debido a las condiciones en las que se encuentra el Sistema Penitenciario, siempre y cuando haya apoyo de los gobiernos.
La jefa del MP señaló que en este proceso debe prevalecer la reinserción de las personas privadas de libertad y reiteró que las instalaciones de las fuerzas castrenses no se deben utilizar como cárceles.
Según el SP, actualmente hay 261 privados de libertad ubicados en las prisiones ubicadas en las bases militares de Mariscal Zavala y Matamoros. Varios de los recluidos son exfuncionarios públicos señalados en casos de corrupción de alto impacto.
FIRMAN CONVENIO
Aldana dio estas declaraciones en el marco de la firma de un convenio interinstitucional entre el MP y la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) para fortalecer la Ley de Acceso a la Información Pública.
Con dicho convenio, el MP asumió el compromiso de crear una agencia especial que se encargará de investigar los delitos por violaciones a la Ley de Acceso a la Información Pública, la cual estará funcionado en la Fiscalía Contra la Corrupción.
Según la Fiscal, la nueva agencia que podría iniciar sus labores en los próximos meses estará integrada por un fiscal, tres auxiliares fiscales y un oficial.
Aldana agregó que la agencia fiscal iniciará con las investigaciones de 117 casos, las cuales ya están en proceso.
Mientras que el Procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León Duque, indicó que este convenio es un importante paso en la lucha contra la corrupción.
