POR JOSÉ DEL ÁGUILA
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La Corte Suprema de Justicia (CSJ) amparó a la magistrada Silvia Patricia Valdés Quezada y suspendió de forma temporal la condena moral que emitió en su contra el Procurador de los Derechos Humanos (PDH) por difamación contra Helen Mack, representante de la Fundación Myrna Mack. En su resolución, la CSJ ordenó al magistrado de Conciencia que emita una nueva resolución “conforme a derecho”.
Valdés fue denunciada por la Fundación Myrna Mack ante la PDH, luego de que circulara en redes sociales la imagen de un chat en el que Valdés Quezada, vocal I de la CSJ, reenviaba un mensaje en el que indicaba que Mack solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos $250 mil “en concepto de costas procesales”, como el pago de $10 millones a 26 víctimas del caso del Diario Militar.
La Fundación desmintió los señalamientos y los calificó como “calumnias” difundidas por la magistrada de la CSJ.
A raíz de este hecho, el PDH, en enero de este año, condenó moralmente a Valdés Quezada considerando que la togada descalificó el trabajo que realizan defensores y defensoras de derechos humanos cuando reenvió el mensaje.
“Es motivo de gran preocupación para la institución del Procurador de los Derechos Humanos que este tipo de situaciones se lleven a cabo por parte de un alto funcionario judicial”, argumentó el PDH en la resolución.
Con el fin de anular la resolución de la PDH, Valdés Quezada interpuso un amparo en la CSJ, el cual fue declarado con lugar. El mismo fue resuelto por magistrados de Salas de Apelaciones, en virtud de que los doce magistrados titulares se excusaron de conocer.
Según Valdés, el fallo en su contra debe ser anulado debido a que al momento en que el Procurador la condenó, ya existía un proceso administrativo abierto en la Junta de Disciplina Judicial, por lo que se debía esperar a que este culminara.
Según Andy Javalois, consultor de la Fundación Myrna Mack, el Procurador debe abstenerse de emitir pronunciamientos en casos donde existan procesos judiciales abiertos, pero en el caso de Valdés lo que había era una queja disciplinaria, no una demanda judicial, por lo que el fallo de la PDH se encuentra apegado a derecho.
Ximena Murillo, directora de la asesoría jurídica de la PDH, manifestó que se apeló la resolución de la CSJ ante la Corte de Constitucionalidad, ya que “las resoluciones del Procurador son inimpugnables; son de carácter moral, no son judiciales”.
Consultada al respecto, Helen Mack manifestó: “Ella -Valdés Quezada- ha estado haciendo litigio malicioso y jugando a la impunidad. Lo que están haciendo es proteger a Valdés; hay todo un plan de impunidad”.
La activista agregó que la resolución de la CSJ emite un mal precedente y limita las funciones del PDH, protegidas en la Constitución.
Se intentó obtener la postura del Organismo Judicial, pero hasta el cierre de esta edición no emitió ningún pronunciamiento oficial.
