POR KIMBERLY LÓPEZ
klopez@lahora.com.gt
Doce años de funcionar al servicio de instituciones nacionales, ciudadanía e investigadores, sin apoyo del Gobierno
Edilberto Cifuentes, historiador y delegado de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), estaba buscando explosivos dentro del inconcluso Hospital de la Policía Nacional, cuando encontró un sinnúmero de folios amontonados, húmedos y llenos de plagas. Los documentos resultaron ser el Archivo Histórico de la Policía Nacional (AHPN), un registro que hasta finales de 1996 “no existía”.
En 2005, una muralla de carros viejos y apilados alrededor de un edificio a medio construir servían de escondite para unos 80 millones de documentos archivados y deteriorados en paquetes. A principios de los años 80, esa estructura en la zona 6 de la ciudad capital se proyectó como el Hospital de la Policía Nacional.
Hoy, es un museo y centro de archivo y digitalización de todos los documentos encontrados. Alberto Fuentes lleva doce años como testigo y colaborador de la transformación que ha atravesado el archivo: desde su hallazgo en julio de 2005 hasta ahora.
Distinto a lo que era años atrás, la actual entrada al edificio es amplia, no hay carros acumulados. Alberto hace recorridos por el lugar, para explicar a los visitantes la historia del sitio en el que están parados.
“NO EXISTE UN ARCHIVO”
En 1997, luego de que se firmaron los Acuerdos de Paz, la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), como medida de reconstrucción de la memoria y aporte a la justicia después de 36 años de Conflicto Armado, pidió al Gobierno acceso al Archivo de la Policía Nacional.
La respuesta del Ejecutivo fue: “No existe un archivo”.
De manera deliberada, en esa época el Gobierno optó por negar la existencia del archivo como una decisión política, ocultaron en el edificio la totalidad de los documentos vinculados con las operaciones administrativas de la Policía Nacional desde su constitución en 1881 hasta su disolución en 1997.
“Un edificio a medio construir, abandonado y rodeado de chatarra de vehículos se volvió el escondite perfecto para un archivo como este”, cuenta Fuentes, mientras muestra fotografías del estado de deterioro en que estaba el lugar cuando fue hallado.
BUSCANDO EXPLOSIVOS ENCONTRARON MEMORIA
Edilberto Cifuentes, historiador e investigador, trabajaba como parte de la PDH cuando vecinos de la zona 6 capitalina, residentes cercanos al edificio de la Policía, presentaron una denuncia ante al PDH asegurando que dentro había un depósito de explosivos y que si se producía un accidente podrían salir afectados.
Las instalaciones que albergan al AHPN presentaban desde ya grandes problemas estructurales y carencias, por el abandono de más de 25 años de una obra a medio edificar. Allí funcionaron la Guardia de Hacienda, la Policía Militar Ambulante, la Academia de la Policía Nacional, el Comando de Operaciones Especiales, el Sexto Cuerpo de la Policía Nacional y el Archivo Histórico de la PN, entre otras estructuras de la seguridad del Estado.
“El martes 5 de julio de 2005 llegamos al almacén de explosivos del comando de explosivos de la PNC (para ese fin era utilizado el edificio), porque se había dado una explosión en los centros militares. Una de las técnicas que teníamos con los compañeros era poner atención a todo lo que había alrededor porque viendo bien lo que se miraba se podía encontrar todo lo que no se miraba”, cuenta Edilberto.
Parado afuera de una de las oficinas del lugar, el historiador prestó atención a una pila de documentos que sobresalía a través de unos ventanales. Todos ellos tenían apariencia de legajos amarrados con cáñamo y envueltos en papel manila.
La oficial a cargo de esa oficina, Ana Corado, lo dejó entrar al lugar. Luego, preguntó qué eran esos documentos, a lo que la oficial respondió: Es el Archivo de la Policía Nacional.
“Al entrar pregunté si podía verificar alguno de los archivos. Al lado derecho había muebles de metal y en esos archivos estaban las fichas de seguimiento y control a Manuel Colom Argueta. Y revisando más vi material sobre personajes que habían sufrido persecución y muerte. Había un libro con fotografías de gente que según el Gobierno había sido comunista”, recuerda.
Más tarde, se daría cuenta de que existían doce fichas de registro de Manuel Colom Argueta desde 22 años antes de que lo asesinaran.
PROCESO DE RECUPERACIÓN
Esa noche, la PDH tomó la decisión de intervenir para el cuidado de esos documentos por considerarlos importantes para la investigación sobre abusos a derechos humanos.
El entonces procurador, Sergio Morales Alvarado, solicitó colocar todo sobre tarimas en vista de que en el lugar había lagunas de agua.
Asimismo, se decretó la clausura del edificio mediante orden de la jueza María Esther Roldán Pleitest. Lo anterior implicaba que ningún papel podía salir del lugar, salvo por con orden de juez competente. A partir de entonces, la PDH quedó facultada para hacer investigaciones sobre violaciones a derechos humanos en los documentos del archivo.
Con ese respaldo legal se resolvieron los principales problemas: antes no había seguridad para las instalaciones y documentos; en épocas de lluvia había filtraciones de agua; hubo una proliferación de plagas, ratas y murciélagos, insectos, pulgas, piojillo, garrapatas, cucarachas.
Ahora, en la misma habitación en la que Edilberto contempló los documentos que le llamaron la atención y resultaron ser el archivo, hay salas en las que varias personas se ocupan de recuperar cada uno de los documentos, haciendo desde una limpieza física hasta un proceso de digitalización y acceso público.
Hay un pasillo largo con paredes de block, sin acabados, porque al edificio no se le han hecho mayores modificaciones, más que delimitar un perímetro por seguridad de los documentos.
Del pasillo se desprenden varios cuartos que ahora son escenario de cada una de las fases que toma un solo folio para llegar a su digitalización total. Alberto Fuentes camina por esas habitaciones y explica:
“Del mar de documentos que contenían 116 años de existencia la Policía se tomó la decisión de darle prioridad a la documentación que iba de los periodos de 1975 a 1985, porque son los años en los que ocurrieron las más graves violaciones a los derechos humanos y hechos de violencia política, y se tomó la decisión de trabajar con los documentos de las estructuras en donde se tomaban decisiones”, explica Alberto.
ESTRUCTURA DE CONTROL
Según el informe para la CEH, el Conflicto Armado dejó en el país más de 200 mil víctimas, entre ellas más de 45 mil personas detenidas y desaparecidas.
Ese mismo informe detalla que las instituciones estatales que ejecutaron la política de terror en los años de guerra fueron el Ejército, operando en el campo, y la Policía Nacional, operando en los centros urbanos y particularmente en la ciudad de Guatemala.
Incluso en el sector urbano, se sabía de la existencia de una cárcel clandestina de la Policía Nacional.
“Los antecedentes son importantes porque aquí encontramos más de 1 millón 200 mil nombres registrados en fichas de control sobre el 30 por ciento de los adultos del país, entre dirigentes sindicales, dirigentes estudiantiles, catedráticos universitarios, personas vinculadas con la iglesia y a la prensa”, explica Alberto.
Cada ficha detallaba de una persona aspectos como la vivienda, el lugar de trabajo, organizaciones a las que pertenecían y reuniones a las que asistían.
PASO LENTO POR FALTA DE RECURSOS
De los 80 millones de documentos en total, hasta 2017, solamente 20 millones han recibido un proceso total de limpieza, organización, conservación, digitalización y han sido dispuestos para el acceso público.
Con 60 personas trabajando en el proceso, es difícil calcular el tiempo que tomará completar el 100 por ciento del procedimiento.
“Alguna vez fuimos 206 personas para el proceso y eso permitió abarcar más tiempo porque, además, trabajábamos desde siete de la mañana a las ocho y media de la noche”, cuenta Alberto.
En cambio, dice, ahora el volumen y el ritmo de trabajo se ha reducido, en la medida en que también han disminuido las capacidades presupuestarias.
Nosotros no recibimos fondos del Estado, este proceso ha funcionado doce años con recursos que vienen de la cooperación internacional, de países como: Suecia, Suiza, Países Bajos, la Generalitat de Catalunya, Gobierno del País Vasco, Embajada de Alemania, Servicio Alemán de Cooperación Social y Técnica (DED), GTZ (éstas últimas actualmente fusionados en GIZ), OXFAM-UK, Médico Internacional (Alemania) y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
El Gobierno actual, como otros pasados, no han incluido el mantenimiento de este proyecto en algún renglón presupuestario.
Cumplidos los doce años del hallazgo de estos documentos, el 5 de julio de 2017 el vicepresidente Jafeth Cabrera fue cuestionado sobre el apoyo nulo dado al AHPN, a lo que respondió que podrían analizar la forma de incluir algún aporte en la partida presupuestaria del próximo año.
No obstante, no dio certeza de que sucedería.
APORTE
Actualmente, autoridades del Ministerio Público (MP), familiares de desaparecidos durante el conflicto, organizaciones sociales e internacionales, entre otros, se acercan al AHPN para buscar, en medio de esos millones de documentos, el rastro de algún hijo, padre, familiar o persona desaparecida.
Según los registros de la Unidad de Acceso a Información del Archivo, hasta el 30 de junio de 2017 se habían recibido 27 mil 198 requerimientos de información, que se traducen en 394 mil 567 imágenes de documentos entregados.
Del total de requerimientos, el 31 por ciento ha sido del MP, un 22 por ciento de familiares de víctimas y un 16 por ciento de investigadores externos.
En 2015, el entonces jefe del Comando Seis de la Policía Nacional, Pedro García Arredondo, fue juzgado por la masacre ocurrida en la Embajada de España en 1980 y las pruebas para demostrar su participación en lo ocurrido fueron obtenidas del Archivo.
La ambición actual es culminar el total de tratamiento de los folios y lograr que el 100 por ciento quede a disposición pública, de forma virtual, en este y otros países. Mientras eso se concreta, el proyecto a corto plazo es regionalizar la información para acercarla a comunidades donde viven familiares de víctimas del conflicto.
Según Fuentes, el proceso ya inició en Rabinal, Baja Verapaz, en municipios de Alta Verapaz y en Santa Lucía Cotzumalguapa.
“Hoy el archivo hace aportes muy importantes, nos está acercando a la verdad, nos está contando una buena parte de la historia del país y nos abre la posibilidad de buscar justicia”, concluye.
De Policía Nacional a Policía Nacional Civil
La transición de Policía Nacional (PN) a Policía Nacional Civil (PNC) fue parte importante de la transición a la democracia y el punto de partida para que dicha entidad no solo se modernizara, sino que fuera más profesional, humana y de acercamiento ciudadano.
A través del decreto 11-97 del Congreso de la República se fusionan los dos cuerpos de seguridad que entonces funcionaban: los agentes de la Guardia de Hacienda y la Policía Nacional, para que en julio de 1997 iniciara el funcionamiento de la PNC, cuya primera promoción fue de 3 mil agentes.
*Información del Mingob.
VALIOSO REGISTRO
80 millones de documentos están archivados en el edificio de la PN
116 años de existencia la Policía Nacional están registrados en los documentos
20 millones de archivos se han recuperado
60 personas trabajan en el proceso de limpieza, organización, conservación y digitalización.
HERRAMIENTA DE INVESTIGACIONES
27 mil 198 requerimientos de información ha tenido el Archivo de la PN
31 por ciento de los requerimientos han sido de parte del MP
22 por ciento de parte de familiares de víctimas
6 por ciento de parte investigadores externos
“Hoy el archivo hace aportes muy importantes, nos está acercando a la verdad, nos está contando una buena parte de la historia del país, y nos abre la posibilidad de buscar justicia.” – Alberto Fuentes.
“Al lado derecho había muebles de metal y en esos archivos estaban las fichas de seguimiento y control a Manuel Colom Argueta. Y revisando más vi material sobre personajes que habían sufrido persecución y muerte. Había un libro con fotografías de gente que según el Gobierno había sido comunista.” – Edeliberto Cifuentes.
