POR MARIELA CASTAÑÓN
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En los últimos seis años y medio, un promedio de 137 personas han muerto linchadas en todo el país, lo que a criterio de representantes de la sociedad civil, refleja anarquía y colapso en el sistema guatemalteco.
César Augusto Carín Hernández, de 30 años y Juan Carlos Hernández, de 39, murieron linchados el domingo 9 de julio, en jurisdicción de Villa Canales.
Los vecinos del área los acusaron de asaltar una tienda del sector; los golpearon, les rociaron gasolina y los quemaron, hasta que sus cuerpos quedaran consumidos por las llamas.
Familiares de los fallecidos dijeron a periodistas que cubrieron la noticia que ambas personas trabajaban; uno de ellos aparentemente laboraba en la construcción.
En tanto, el caso de los occisos no ingresó al sistema de justicia, porque los pobladores no lo permitieron.
Estos linchamientos son dos de los 137 registrados entre enero de 2012 a julio de 2017, según la información proporcionada por la Policía Nacional Civil. (Lea el recuadro Linchamientos por año y género).
EL REFLEJO DEL COLAPSO
Mario Polanco, director del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) considera que las muertes por esta causa continúan, debido la debilidad institucional y la ausencia del Estado, que provoca que la población no confíe en el sistema.
A criterio del director del GAM estos hechos deben ser un llamado de atención al Congreso de la República, para que legislen de una forma simple.
“En Guatemala, el uso del amparo abusivo provoca impunidad y esa impunidad origina que la población termine causando los linchamientos”, reiteró Polanco.
Por otro lado, Helen Mack, directora de la Fundación Myrna Mack, detalla que este tipo de violencia es multicausal, debido a la frustración de la población, que no es atendida integralmente por el Estado.
“En todas partes del mundo, cuando hay mucha frustración o cólera suceden estas cosas, pero sí se ve la situación económica y social de Guatemala; la gente anda viendo quien se las paga y no quien se las debe, porque desde la perspectiva de seguridad democrática, que se firmó –mediante un acuerdo- en el año 1994 en Honduras, no hay –nada-. Esa seguridad democrática incluía seguridad laboral, ciudadana, -atención- en los temas de salud y educación. Esos derechos básicos que cualquier país debe hacerlo, aquí es lo contrario”, lamentó Mack.
“Esa corrupción escandalosa que se ha dado es lo que ha impedido una inversión pública, que esos derechos puedan ser garantizados por el Estado. Seguimos viendo que los corruptos siguen saqueando al Estado”, argumentó la representante de la Fundación Mack.
QUIEN LINCHA TAMBIÉN ES ASESINO
Polanco y Mack coincidieron en que quien lincha también es un asesino y por tanto, es necesario reflexionar por la participación que pueden tener en estos casos.
El director del GAM detalló que es importante crear campañas dirigidas a la ciudadanía, para evitar que estos hechos continúen.
“Es importante hacer un llamado, el Estado debería hacer campañas para transformar la cultura de violencia en la que estamos cayendo”, explicó Polanco.
En tanto, la directora de la Fundación Myrna Mack, coincidió con la necesidad de hacerle entender a la población que no debe incurrir en estas prácticas violentas, aunque también, demandó al Estado atender las necesidades de la ciudadanía.
Además, instó al gobierno, a fortalecer las instituciones de seguridad y justicia para cubrir las necesidades que se presentan.
