POR REDACCIÓN LA HORA
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La reciente investigación que dirigió la Supervisión General de Tribunales contra el titular del Juzgado de Mayor Riesgo “B”, Miguel Ángel Gálvez, generó preocupaciones en expertos en analistas de justicia, quienes temen que se trate de un intento por socavar la independencia jueces y juezas.
Hoy, el sindicado René Danilo Mejía Mejía desistió de la denuncia que presentó contra el titular del Juzgado de Mayor Riesgo “B”, Miguel Ángel Gálvez, por retraso en el proceso en su contra. Sin embargo, la Supervisión General de Tribunales indicó que la ley establece que la renuncia del denunciante no libera de responsabilidad al juez Gálvez, por lo que solicitó una suspensión de hasta 20 días sin goce de salario contra el togado.
“El hecho refutado al licenciado Miguel Ángel Gálvez Aguilar constituye falta grave de conformidad con el artículo 41 literal c, que establece faltar a la debida celeridad en el trámite de los procesos e incurrir en retrasos injustificados”, dijo el representante de la Supervisión General de Tribunales durante una audiencia ante la Junta de Disciplina Judicial.
Álvaro Montenegro, representante de Justicia Ya, afirmó que la Supervisión General de Tribunales es una instancia que actualmente se encuentra supeditada a la Corte Suprema de Justicia y que es notable cómo ésta se ha utilizado para interferir en la labor de algunos operadores de justicia independientes.
Asimismo, el activista dijo que estas circunstancias denotan la urgencia de una reforma constitucional, que limite las funciones a la CSJ.
“La Supervisión en estos momentos está supeditada a la Corte. Estas instancias supeditadas a la CSJ se utilizan para socavar la independencia judicial. Se evidencia la necesidad de una reforma constitucional, porque estas instancias como la Supervisión se utiliza manipulada por personas de la CSJ para atacar a jueces independientes”, dijo Montenegro.
Andy Javalois, representante de la Fundación Myrna Mack, dijo que, actualmente, la Supervisión “tiene una amplia discrecionalidad en su actuación y en el organigrama del OJ al único que le tiene que responder es a la CSJ y a nadie más”.
Javalois agregó que es importante que se lleven a cabo procesos disciplinarios, pero cuando únicamente cuando existan indicios suficientes para creer que los operadores de justicia incurrieron en alguna falta.
DENUNCIA
Mejía Mejía interpuso su queja ante la Junta de Disciplina Judicial debido a que el juez no le programó con prontitud una audiencia para discutir la posibilidad de ser beneficiado con una medida sustitutiva.
Mejía Mejía desistió luego de que Gálvez informara a la Junta Disciplinaria que la diligencia solicitada ya se encontraba programada en la agenda del Juzgado de Mayor Riesgo “B” para este mes.
NO HIZO SOLICITUD
Al momento de ejercer su defensa, Gálvez expresó que hizo una revisión en su despacho y no encontró ninguna solicitud planteada por Mejía Mejía para que se le programara alguna audiencia.
Incluso, dijo que Mejía Mejía, junto con otros 12 sindicados, renunció por medio de un memorial a su derecho a solicitar la audiencia de revisión de medida al Juzgado.
“Yo revisé en el Juzgado y no había ninguna solicitud. Él no solicitó ni reforma ni revisión de medida de coerción”, indicó Gálvez.
El juez también dijo que la denuncia fue presentada por Mejía Mejía el 13 de marzo, no obstante, la Junta de Disciplina Judicial le dio trámite hasta el 8 de mayo, lo cual llamó la atención del togado.
ARGUMENTA SOBRECARGA LABORAL
Durante su intervención, el juez Gálvez manifestó ante los jueces de la Junta de Disciplina Judicial que la judicatura que él dirige tiene una sobrecarga laboral y el personal asignado no se da abasto para la cantidad de trabajo.
Según el juez, un aproximado de 40 procesos penales se encuentran en desarrollo en su Juzgado y muchos de ellos cuentan con gran cantidad de personas sindicadas por distintos delitos.
«El juzgado tiene demasiados procesos; estamos hablando de 38 o 40 procesos. Por ejemplo, el Caso La Línea tiene 39 personas sindicadas y hay 98 personas que son importadores que también están relacionados al proceso”, afirmó Gálvez.
El juez también hizo alusión al caso Cooptación del Estado, donde se giraron 65 órdenes de aprehensión y solo la audi encia de primera declaración demoró dos meses.
“Solo con Cooptación se necesitaba para darles las copias a los sujetos procesales, un plazo aproximadamente de 70 o 75 días para poder imprimirle a los abogados todas las copias. Algunos abogados imprimieron todas las copias y les salían Q85 mil o Q90 mil solo en fotocopias. Ya se pueden imaginar cuánto tiempo necesité yo para leer todo el proceso. Estas cuestiones, en apariencia, nadie las entiende”, expuso el juez.
