Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt

Antes, para referirse a cambios superficiales e intrascendentes, se solía decir que era la misma mica con diferente montera, pero viendo lo que ha ocurrido en Guatemala desde que se destapó con pruebas fehacientes el nivel de corrupción que hay en el país, se puede decir que la sociedad se conforma con seguir con todo igual, es decir, con la misma mica y la misma montera porque siente que luchar contra la corrupción es un “error” que está costando plata porque la economía se estancó, lo que implícitamente significa que vergonzosamente los motores de esa maltrecha economía está en las remesas que envían los migrantes y en el pisto que genera la corruptela.

Empezando por el gobierno, donde no sólo se asume como “normal” y parte de la “educación” del guatemalteco la corrupción, y terminando con los grupos de poder que aplaudieron los primeros pasos de la CICIG y el Ministerio Público en el 2015, pero que recularon apresuradamente cuando algunos de los suyos aparecieron en el Caso de la Cooptación del Estado, nos dejamos atrapar por un juego perverso que supo tocar la fibra que siempre ha determinado el comportamiento en el país, al pregonar que la cacareada lucha contra la corrupción era parte de la agenda izquierdista para convertir a Guatemala en la nueva Venezuela, llegando al colmo insólito de decir que combatir la corrupción atenta contra la certeza jurídica y aleja las inversiones, como si todos los inversionistas fueran del corte de los catalanes que sobornaron para hacerse con la Terminal de Contenedores.

Para muchos es más cómodo, confiable y conveniente que los negocios surgidos de sobornos y mordidas reciban el beneficio de la certeza jurídica. En el gobierno de Óscar Berger se abrieron las puertas (y hasta las piernas) para atraer a la inversión minera que se pasó toda la normativa por el arco del triunfo porque contaba con el beneplácito de autoridades sobornadas que se comprometieron a expeditar las licencias. Algunas de esas empresas aparecieron luego en el Caso de la Cooptación del Estado porque hay que entender que si algo tiene plena certeza es que gallina que come huevo lo sigue haciendo aunque le quemen el pico.

Cualquier negocio en el que hay tacha de corrupción es perjudicial para el país y sus habitantes. Es pura cuestión de principio, puesto que si se paga mordida para hacerse de una concesión o contrato, para obtener una licencia y favor, obviamente es porque se pretenden beneficios extraordinarios que van a costa del erario, es decir, a costa de los intereses y necesidades reales de la población. La corrupción le roba oportunidades a la gente más necesitada y enriquece a los sinvergüenzas pero, por lo visto, esa es la “normalidad” que se quiere y es la característica esencial del país que preferimos tener.

Es impresionante cómo gente que ha sido enemiga de la corrupción cayó en el juego de los corruptos que enarbolaron la bandera ideológica para crear confrontación. A lo mejor decían que no querían corrupción, pero vieron el cielo abierto cuando les dieron un pretexto para oponerse a la CICIG y el MP, y quitarse la careta.

Artículo anteriorEl clima de negocios para Guatemala
Artículo siguienteEnormes atascos