La situación que se vive en los centros de detención, tanto del Sistema Penitenciario como del que acoge a menores de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, amerita que se tomen medidas de inmediato para transformar sistemas que están absolutamente colapsados. El ministro de Gobernación, Francisco Rivas, dijo hace unos meses que se está trabajando en una reforma completa de la Dirección General del Sistema Penitenciario y que esto podría llevar hasta diez años por la dimensión de los cambios que se requieren.
Pero lo que queda absolutamente claro es que no podemos seguir en este drama semana a semana por el absoluto caos en los centros de detención y reclusión que, como en el Preventivo la semana pasada o en Las Gaviotas ayer, deja al descubierto las carencias de infraestructura y la ausencia de control existente.
Una reforma absoluta del sistema debe ser una política de Estado para que cuente con los recursos necesarios para hacerla funcional. Esto quiere decir que se debe realizar una adecuada clasificación de población reclusa, inversión en infraestructura para contar con centros adecuados según la peligrosidad de los detenidos y la garantía de control para evitar que se siga dirigiendo la actividad criminal desde adentro de los centros de reclusión de delincuentes o menores en conflicto con la ley.
Tenemos ya décadas de estar con los problemas en esos centros de detención y ya conocemos que no es con “limpieza social” ni con negociaciones para otorgarles beneficios que se logra el cambio serio que hace falta. Este tema tiene que ser tratado con mucha seriedad para que se comprenda que se debe contar con apoyo presupuestario y político para que se pueda llevar a cabo de la manera adecuada.
Colocar un director tras otro no resuelve nada y únicamente se asegura que todos se conviertan en administradores de un caos que les permite terminar buscando beneficios hasta que se “queman” con el fracaso de manejar una dependencia tan conflictiva, problemática y en casi anarquía total.
En el caso de la Secretaria de Bienestar Social, hay que entender que muchos de los que están recluidos en sus centros son mayores y que se tiene que contar con protocolos adecuados para el cumplimiento de las normas de protección de menores, pero también para controlar a una población conflictiva que ya es amplia conocedora de las prácticas criminales.
Es un caos permanente, pero hay que comprender que atender el tema de presidios se reflejará inmediatamente en los indicadores de violencia en general y que ya no podemos seguir así.
