Por Joseline Ayala
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La Oficina Nacional Contra la Tortura continúa desintegrada por la falta de disposición de los diputados de conocer las ternas para integrar a los relatores faltantes, situación que ha provocado que desde la semana pasada haya finalizado el contrato de arrendamiento de sus oficinas sin opción de ampliarlo.
Por otro lado, la relatora Silvia Villalta aseguró que un juez falló a favor de trece empleados que ya habían entregado el puesto y los reinstaló en sus funciones, pero que debido a la reducción del presupuesto es imposible pagarles su salario.
Villalta también expresó que el relator Carlos Solórzano debió entregarle la presidencia de la oficina, pero que no lo ha hecho, lo que ha complicado el cumplimiento de responsabilidades financieras de la delegación como el pago de servicios, sueldos y arrendamiento.
“Él no quiere entregar el cargo, entonces por ende él tiene que solucionar el problema, no el Congreso, el 25 de marzo pasado tuvo que entregarme el cargo, pero se niega a hacerlo, pero continuamos en las instalaciones, hay riesgo que nos desalojen, pero no sabemos cuándo”, indicó.
Solórzano informó inicialmente que debido a la desintegración del pleno de relatores no se puede funcionar ni ejecutar el presupuesto que este año fue recortado por el Congreso a la mitad de lo que les fue asignado el año pasado.
