Luis Fernández Molina
LEY DE INFORMACIÓN PÚBLICA. La semana pasada se declaró con lugar el antejuicio contra el Alcalde de Aguacatán, Huehuetenango; va a proceso. Si se levantó la inmunidad en este caso igual deben ser con todos los demás alcaldes, ministros, directores generales, gerentes, etc. que nieguen información pública. Es el principio de congruencia y extensión y, sobre todo, de aplicación efectiva de la ley. La transparencia del manejo de dinero público debe ser permanente, abierta (no solo a requerimiento de ciudadanos); no son asuntos particulares de los administradores –funcionarios– de turno, salvo aquellas cuestiones diplomáticas, militares o información obtenida bajo garantía de confidencia; este derecho lo contempla no solo la Ley de Acceso a la Información Pública, lo proclama la mismísima Constitución en el artículo 30. ¿Cuándo van a entender los funcionarios que su gestión es pasajera? ¿Cuándo van a comprender que los fondos que manejan son del pueblo? Es aquí, exigiendo este derecho, como se avanza en la lucha contra la corrupción.
AEROTRANSPORTE. Es refrescante escuchar los avances en el sistema colectivo de transporte capitalino, uno hacia Mixco (tipo teleférico), y el otro que atraviesa de norte a sur por la vía del tren. Ignoro detalles técnicos, desconozco asimismo los aspectos financieros (aunque creo que son auspiciosos, tomando en cuenta la innumerable “clientela”); de momento aplaudo que, en este marasmo del tráfico insoportable, es “algo” que se está proponiendo. Una lucecita al final del oscuro túnel.
CHIMALTENANGO. Informan los medios que el paso lateral –circunvalación de la cabecera municipal–, va a estar listo hasta finales de 2018. ¡Otro año más de tortura y atraso! Nos sale muy caro a todos. El nuevo retardo se debe a que algunos propietarios se niegan a vender sus terrenos que son parte del trazo de la nueva carretera. Es cierto que el proyecto es por iniciativa particular, pero de beneficio público. ¡Vaya si no! Extraña que los promotores no hayan contemplado estas resistencias, sin embargo, ¿dónde está la autoridad? ¿Dónde el interés público? La Constitución resalta el respeto a la propiedad privada, pero también en el artículo siguiente –40–, contempla los casos de expropiación. Claro, se debe resarcir a los propietarios en valores comerciales por el terreno expropiado y por el daño colateral (terrenos mal formados).
BRAZALETES. Al parecer la iniciativa del control telemático está en sus últimas fases. Ojalá que los intereses comerciales particulares, los “business”, no afecten la implementación de estos brazaletes. Que se abra una licitación traslúcida y que gane el mejor postor. Por otro lado, algunos ciudadanos se oponen porque creen que muchos delincuentes van a poder estar en la calle. No es así. Yo lo veo al revés: muchos ciudadanos –usted o yo– que no deberían estar en la cárcel van a poder gozar de libertad relativa en tanto estén ligados a un proceso y, adentro de las cárceles las mafias, que se nutren extorsionando a nuevos ingresos, verán reducida su cartera de “clientes”; a ello se le agrega la descongestión de los centros carcelarios que operan a niveles infrahumanos.
HONDURAS. Poco a poco reverdecen los impulsos de reunificación de las parcelas centroamericanas. El proyecto conjunto de Guatemala y Honduras debe resaltarse. Un primer paso, esta semana, de apertura de fronteras para luego el libre tránsito de personas y mercaderías. Que positivo que los guatemaltecos podamos viajar sin mayores cortapisas a las playas de Tela, Cortés, Roatán y que bueno poder recibir con los brazos abiertos a los hermanos catrachos en La Antigua, Panajachel, Semuc Champey, Xela, los Cuchumatanes, etc., donde vendrían a dejar sus divisas. Ojalá El Salvador se integre pronto a esta iniciativa y haga lo propio Nicaragua.
