La solicitud de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) de declarar nulo el contrato de usufructo oneroso con que se inició la Terminal de Contenedores Quetzal, TCQ, es la única salida para un sucio negocio que quiso ser maquillado por todos, incluyendo al Ministerio Público y la CICIG que fueron quienes denunciaron los 30 millones de dólares con que se habrían comprado voluntades para concretar el trinquete.
El abogado de la Terminal se muestra sorprendido que haya cambios en las posturas de PGN y de la EPQ. Lo que nos debería sorprender es que se sigan dando argumentos tan retorcidos para mantener una ilegalidad.
Ayer, el fiscal Juan Francisco Sandoval dijo que como la operación generaba pérdidas no procedía la extinción y que sumado a la renuncia de Alexander Aizenstatd, el MP mejor pidió levantar la intervención. La verdad es que si hay un delito en la entrega de un bien demostrado de manera tan clara como en este caso, no hay excusa alguna para no proceder con la solicitud de extinción.
Lamentablemente, este tipo de decisiones nos hace dudar de los alcances que haya tenido una empresa que empezó corrompiendo con 30 millones de dólares para que casi todos, hasta el interventor, se volvieran en sus lambiscones y serviles operadores en lugar de proceder con toda la energía que la ley y la fuerza del Estado debieran tener para proteger sus bienes.
Advertimos desde un principio que TCQ nació torcido y lo estaban torciendo más. La renuncia del interventor por miedo a algún daño a su integridad, asumimos que es la física ante alguna amenaza. Porque de la integridad en el manejo de este negocio, todo quedó muy claro.
Si todo fuera como lo quieren vender ahora, sería conveniente que dejen de querer vender el tema como delito para unos y jauja para otros. Si todo es como lo han pintado el fiscal, el interventor, Anabella Morfín, incluso la misma CICIG y el MP, habría que dejar de perseguir a los patrioteros y a quienes tienen causa abierta por la “coima”.
Pero la verdad es que todos deben seguir presos, proceder a la captura de los que faltan como Pérez Maura y Allan Marroquín, y dejar de ponerle una máscara falsa a una operación nacida de un pacto corrupto. El usufructo oneroso es ilegal, los compradores de AMP fallaron al no hacer el due diligence de manera correcta y las instituciones están para garantizar la ley y no por sentir pena por quien le hayan visto la cara de baboso. Este negocio, lo hemos dicho, es un asco.
