Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
Por mucho que se quiera pintar la corrupción como algo normal y parte de la forma de ser de nuestra gente, no se puede obviar que el dinero que se roba al Estado no sólo arrebata oportunidades a muchísima gente, sino que además literalmente causa muertes como consecuencia directa. Eso lo podemos ver en la inseguridad que persiste gracias al régimen de impunidad que permite a los asesinos andar sueltos, en los enfermos que mueren por falta de insumos en la red hospitalaria y por los pobladores que mueren sepultados cuando se produce un alud como resultado de esas carreteras hechas para robar.
Ayer se produjo un deslave en una carretera en Huehuetenango que únicamente se puede explicar como resultado del desinterés de los constructores y de las autoridades que los contratan por elementales temas como el afianzamiento de las laderas. Como lo que cuenta es la cantidad del “moco”, mordida o soborno, ni unos ni otros se preocupan por supervisar la calidad de los trabajos, y hacen o reciben cualquier mamarracho porque el requisito indispensable, el esencial, ya fue cubierto cuando se depositó la plata convenida a cambio de la firma del contrato. En cualquier lugar del mundo un percance como el de ayer genera responsabilidades penales y civiles para los constructores que no tomaron en cuenta los riesgos resultantes de su descuido, pero en la Guatemala de la corrupción “normalmente aceptada” no hay la menor consecuencia por esos comportamientos abiertamente inmorales y obviamente dañinos para la población.
Desafortunadamente parece que el gobernante tiene razón cuando sostiene que aquí esas cosas son normales, lo que implica que debemos aprender a vivir con ellas sin sobresaltos ni inquietudes. Es en verdad impresionante la indiferencia de la ciudadanía ante el comportamiento que riñe con la ética y la ley porque todo lo terminamos aceptando y nada nos hace reaccionar. Está absolutamente demostrado que nuestro sistema de justicia fue cooptado por los poderes paralelos mediante las Comisiones de Postulación y ni siquiera con evidencias tan gruesas como la que dio la magistrada Claudia Escobar en su momento, nos indignamos por la forma en que los poderes reales, que van desde el crimen organizado al gran poder económico, se unen para impedir que prospere una iniciativa razonable para cambiar la forma en que se elige a los juzgadores.
La manipulación de argumentos está más que demostrada porque empezaron por usar el tema del derecho indígena como caballito de batalla para frenar la reforma y cuando los dirigentes de los llamados pueblos ancestrales dieron una enorme muestra de madurez y responsabilidad ciudadana, pidiendo que el tema fuera retirado de la agenda para no entorpecer lo fundamental, rápidamente se buscaron otros elementos que pudieran servir de freno y de esa cuenta la reforma al sector justicia fue sepultada por un Congreso que hace lo que le da la gana gracias a la indiferencia ciudadana.
Lo que ocurre es que así como vemos normal la corrupción, vemos también como parte del paisaje la muerte de quienes son las víctimas “naturales”, es decir la gente más pobre y más marginada.
Es una vergüenza aceptar esa perversa normalidad.
