Francisco Cáceres Barrios
Caceresfra@gmail.com
Las leyes de un país son reglas o normas establecidas por una autoridad superior para regular con apego a la justicia las relaciones de una sociedad. Para su formación y promulgación es bien sabido por todos que hay que seguir determinados procesos que no se hacen de la noche a la mañana, salvo que intereses espurios, como el caso reciente de los diputados que contra viento y marea dispusieron auto recetarse prestaciones que solo a ellos benefician. Bien sabido es por todos que para la planificación, ejecución y control de los presupuestos de gastos, ingresos e inversiones del país, año tras año se discuten ampliamente, más ahora, cuando todos sabemos que en el manejo de los fondos públicos se ha hecho mal uso de manera burda y exagerada.
No hay, ni ha habido mala intención, para atarle las manos al Presidente ni a ningún funcionario público, mucho menos que el exceso de controles y de requisitos se hayan vuelto leyes para impedirle trabajar a nadie, sino al contrario, se ha buscado siempre, aunque ha sido muy difícil lograrlo, que el dinero sea manejando correctamente, como que no vaya a terminar a los bolsillos de los servidores que llegan a los cargos públicos no a servir a su comunidad sino para servirse de ellos. ¿Es que tan rápido se olvidó el triste y deplorable caso de los recursos públicos de las oficinas del Registro de la Propiedad que fueron mal y mañosamente manejados, lo que todavía está pendiente de sentencia en los tribunales respectivos?
Por ello estimo que nuestro presidente Jimmy Morales no debiera estar molesto con nadie y si le parece correcto, como funcional para la mejor utilización de los recursos públicos la modificación de la Ley del Presupuesto actualmente vigente, ¿por qué no anuncia, explica y razona ante la opinión pública las ventajas de su propuesta para que así, tanto el Congreso de la República como la población general, a la que se debe, pueda apreciar con absoluta transparencia sus buenas y correctas intenciones. De igual manera, perfectamente bien podrían ser atendidas sus peticiones o sugerencias para modificar la Ley de Compras y Contrataciones, repito, siempre y cuando sean propuestas con la intención de mejorar la eficiencia del Estado y no para satisfacer los intereses económicos de cualquier persona individual o jurídica.
Creo que el presidente Morales a estas alturas ya debió haber comprendido que si en verdad ha existido la tendencia a «poner candados» al Presupuesto y a las compras del Estado no es con el prurito de impedir el funcionamiento estatal sino el uso racional de los recursos públicos. ¿Esto acaso es mucho pedir?
