Hoy, con un nuevo desastre natural al frente, sabemos que vendrán las compras de emergencia y que no alcanzarán los recursos para atender la emergencia. Los largos empezarán a pedir que se evite el cumplimiento de la Ley de Compras y Contrataciones para poder asistir a quienes más lo necesitan.
Mientras tanto, los pocos recursos que se tienen, van a parar a la bolsa de los diputados que cobran por llegar a hacer negocio. Nos han robado descaradamente y nadie dice nada. Ha llegado a tal nivel el descaro de los diputados al Congreso de la República, que aprobaron el acuerdo legislativo 18-2017 para “legalizar” aumentos ilegales que se habían recetado desde hace algunos años.
Ya sabemos que los congresistas son especialistas en ordeñar la vaca del Estado para convertirse en millonarios tanto por las transas administrativas en el Legislativo como “mercadeando” sus votos como se verá pronto.
Estamos pendientes del Caso Odebrecht que dejará en evidencia quiénes, cómo, cuánto y con qué métodos vendieron sus votos a cambio de comprometer al Estado de Guatemala a someterse a los contratos corruptos con que se enjabonaron las manos todos los mañosos que, al mejor estilo de TCQ, usaron artimañas para legalizar la ilegalidad.
Pero no es el único ejemplo. Recordemos cuándo era el tiempo de los “Pacur” o la permanente denuncia sobre el manejo del Listado Geográfico de Obras con el que se hacen millonarios por medio de falsas obras en sus distritos.
No podemos decir menos de la manipulación y hasta chantaje con que someten a los funcionarios del Ejecutivo para que a cambio de plazas no se les moleste con las citaciones o hasta interpelaciones. Menos podemos dejar de lado las “leyes de marca”, que son aquellas que con una buena “motivada” en plata, terminan convenciendo a los 158 individuos a levantar la mano.
Pero haber llegado a legalizar este aumento de esa manera es tan descarado como cuándo ante las acusaciones de plazas fantasma quisieron pasar la exoneración sobre decisiones administrativas y la reducción a los tiempos de prisión preventiva.
La verdadera impunidad se está poniendo a operar para demostrar que sus estructuras son mucho más fuertes que cualquier esfuerzo que haga las instituciones correspondientes para imponer el Estado de Derecho.
Pero todo esto es viable únicamente por esa población con horchata en las venas que tanto hemos mencionado en estas páginas, que finalmente es la que deja que estas acciones de descaro e irrespeto de parte de tanto cafre en la política nos mantenga como estamos.
