Oscar Clemente Marroquín
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Con una diligencia digna de mejores fines, los diputados al Congreso de la República procedieron a «legalizar» el cobro de todas las prestaciones laborales (como si fueran trabajadores) que según ellos les corresponden no solo sobre el sueldo que devengan, sino sobre toda la gama de partidas que se han ido asignando para llegar a un estipendio mensual fuera de proporción si lo medimos en términos de productividad que es el patrón que los empresarios utilizan cuando se habla de temas salariales. No solo se está hablando de Bono 14 y Aguinaldo sobre el total de lo que reciben mensualmente, sino también de la indemnización que se recetarán cuando termine su período no obstante que no hay absolutamente nada que «indemnizar» porque ellos fueron electos para un período establecido de cuatro años.
Las viejitas, cuando veían a alguien cometer acciones burdas que podrían traer consecuencias, solían decir «están viendo la tempestad y no se arrodillan», frase que caería bien ante el presente caso si es que hubiera alguna tempestad entre la opinión pública para rechazar la forma en que se manosea la representación nacional. Es inaudito que un Congreso que está prácticamente paralizado porque no logran conseguir acuerdos para aprobar legislación de interés nacional, logre pasar en forma cuasi mágica una legislación que pretende no solo cubrirles las espaldas a los diputados frente a los reparos de la Contraloría de Cuentas, sino legalizar privilegios que le cuestan un ojo de la cara a un pueblo que está padeciendo muchas desgracias por la inoperancia de toda la estructura estatal.
Ya sin ningún rubor los funcionarios públicos admiten que no están haciendo nada por temor a ser acusados de corrupción. En el área de salud pública se ha llegado a afirmar que en Guatemala se está criminalizando la función pública porque se está exigiendo transparencia en la ejecución del Presupuesto, lo cual se traduce en merma de la ya maltrecha calidad de los servicios de atención a los enfermos en todo el país. En otras palabras, nada de lo estatal funciona con eficiencia, salvo el Congreso cuando se trata de legislar para incrementar los beneficios para los mismos diputados.
Siempre he pensado que los políticos llegan hasta donde los ciudadanos los dejamos llegar, y ese es el caso del Congreso de la República en la actualidad porque sus integrantes ya se dieron cuenta que en el horizonte no hay tormentas ni tempestades que pongan en el menor riesgo su continuidad en el manoseo de la cosa pública. Pueden hacer lo que quieran y dejar de hacer lo que les dé la gana, porque no hay pueblo enfrente que esté exigiendo y reclamando.
La ciudadanía, que tuvo un atisbo de dignidad en los días que sucedieron a la acusación por el Caso La Línea contra Baldetti y compañía, terminó asustada por el ritmo de los acontecimientos y volvió a su tradicional letargo. La sangre de horchata volvió a manifestarse, y por ello es que tanto los diputados como los mismos acusados por los casos de corrupción se sienten a sus anchas para hacer y seguir haciendo.
