Jorge Santos
El territorio que hoy habitan los pueblos Q´eqchi´, Poqomchi´y Achi´ están ubicados en los departamentos de Alta y Baja Verapaz, el municipio de El Estor en Izabal y varios de los municipios del sur de Petén, los cuales han venido sufriendo violencia y agresión histórica, sin embargo, profundizada durante los últimos años. Existe una clara evidencia que esta agresión y asedio a los pueblos en cuestión no es más que el producto de una lógica impuesta por el modelo de desarrollo y como alrededor de este se organiza la institucionalidad pública, en aras de proteger los intereses de quienes impulsan el mismo.
Un potente entramado de intereses es la causa de la violencia generada en dicha región. Los intereses de los productores de palma africana, inversiones en hidroeléctricas, extracción de minerales y una situación agraria fundamentada en la apropiación de tierras y territorios de estos pueblos indígenas, son la causa fundamental de la violencia y agresión contra las comunidades y sus organizaciones. A estos actores hay que adicionar la acción de los grupos de crimen organizado, en particular los que se dedican a la narcoactividad. A su vez, existen otros actores que han entrado en este escenario al momento de estar siendo perseguidos por el Sistema de Justicia, particularmente aquellos que cometieron graves delitos y violaciones de derechos humanos en el pasado.
Esta violencia se ha expresado en contaminación permanente, expropiación de tierras, asesinatos, ejecuciones, amenazas, intimidaciones, agresiones a la integridad física, difamación, estigmatización, denuncias penales y prisión política contra defensoras y defensores de derechos humanos. Desde las ejecuciones de tres comunitarios de la comunidad de Samococh, en Alta Verapaz en agosto de 2014, hasta los eventos de violencia y el desalojo violento del sábado recién pasado en El Estor, donde fuera asesinado Carlos Maaz Coc, de 27 años de edad, forman parte de este asedio y violencia en aras de apropiarse del territorio de los Pueblos Q´echi, Poqomchi´y Achi´.
Así mismo a lo largo de los últimos años, se ha observado un incremento importante de la criminalización y prisión política de hombres y mujeres que se dedican a la defensa de los derechos humanos y la lucha porque las comunidades puedan contar con vida digna. Ejemplo de ello lo constituyen la situación vivida por la defensora y el defensor de derechos humanos los hermanos Guitz Pop de la comunidad de Monte Olivo o bien los tres meses que ya lleva en prisión preventiva el defensor Abelino Chub Caal.
Para producir esta violencia contra la naturaleza y el ser humano que habita estos territorios el capital privado se ha valido de la colusión, cooptación y probablemente hasta compra de funcionarios para ejercer la misma. Hoy los pueblos Q´echi´, Poqomchi´y Achi´ viven bajo el asedio criminal del sistema y resisten pacíficamente al mismo, el llamado es articular solidaridad para que juntos y juntas podamos no sólo contener el avance de este modelo saqueador y expoliador, sino también a construir un modelo que procure vida digna y defensa de la naturaleza.
