Juan Francisco Reyes López
jfrlguate@yahoo.com
Recientemente el Organismo Ejecutivo, con la aprobación del Congreso de la República, decretó un estado de Sitio en los municipios de Ixchiguán y Tajumulco, San Marcos.
Los criterios en los que basaron dicha medida extraordinaria y excepcional de la Ley de Orden Público, se ha indicado que, son el conflicto de límites entre ambos municipios, el cual data desde hace 80 años, y las disputas existentes por el uso de agua entre las dos poblaciones.
Esta disposición ha implicado una enorme movilización de personal y equipos del Ejército de Guatemala, de la Policía Nacional Civil y otras autoridades, todo lo cual es un gasto extraordinario de los impuestos que pagan a nivel nacional los guatemaltecos.
Como se ha informado en los medios televisivos, radiales y escritos, en Ixchiguan y Tajumulco las autoridades han encontrado numerosos campos sembrados de amapola, que es un cultivo mucho más rentable para la población campesina de esos municipios que sembrar maíz, frijol u otros productos alimenticios.
Siendo la amapola un cultivo ilegal, nuestras autoridades han procedido a cortarla toda y según declaraciones del Ministro de Gobernación, esto ha implicado que no se puedan obtener por las personas involucradas 60 millones de dólares, derivados de la producción de opio que es la droga que se obtiene de la amapola.
Simultáneamente también se ha publicado que el gobierno de los Estados Unidos reducirá las ayudas económicas a Guatemala en un 39%, recortando las ayudas al Ministerio de la Defensa, al Ministerio de Salud y al Ministerio de Educación, hecho congruente con la posición del presidente Donald Trump, quien en sus declaraciones recientes en Bélgica también le ha dicho a los miembros de la OTAN que Estados Unidos y su gobierno requieren en las alianzas que los países aliados contribuyan más económicamente con los gastos de seguridad y defensa.
“Dan, darán dicen las campanas”. El gobierno de Guatemala también debe de manifestar al gobierno de Estados Unidos el costo que pagamos con nuestros impuestos los guatemaltecos en el combate al tráfico de drogas, y en este caso en particular en la eliminación de la siembra de amapola; acciones que benefician al Gobierno de Estados Unidos, cuya población es la mayor consumidora de drogas en el mundo.
Sería correcto que el 100% de todos los recursos que se destinan para el combate de las drogas nos lo reembolsaran los norteamericanos o fuera una adición a las ayudas que dicen ellos nos dan.
En otras palabras, cada kilo de droga que nuestras autoridades incauten debería ser entregado al gobierno norteamericano y que nos pague el precio que sus ciudadanos hubieran pagado por consumir ese producto.
También por cada hectárea de amapola que se deje de cultivar, que Estados Unidos nos dé una compensación y que la misma, en buena parte, se entregue a la población de estos municipios para el combate a la desnutrición, combate a la pobreza y en programas de mejora y ayuda económico-social.
“Nadie regala nada” publicó hace algunos años una millonaria empresa, que produce aceites y jabones en Guatemala. Lo mismo debemos aplicarle al gobierno de Donald Trump, que no mira quién se las debe sino quién se las paga.
¡Guatemala es primero!
