POR JOSÉ DEL ÁGUILA
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Varias acciones legales presentadas por abogados defensores y excusas de los jueces de los distintos tribunales que han conocido el Caso IGSS-Pisa no permiten que el caso llegue a su fase final.
Hoy se tenía programada una audiencia en la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia para determinar si el caso debe ser trasladado a una judicatura de Mayor Riesgo, como solicitó el Ministerio Público. Sin embargo, debido a que algunos abogados defensores presentaron recusaciones contra la presidenta de la cámara, Delia Dávila, con el fin de separarla del proceso, la audiencia fue suspendida.
David Pineda, uno de los abogados defensores ponente de la recusación, dijo que la magistrada ha negado a sus dos patrocinados el derecho a estar presentes en la audiencia.
Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), informó que otro de los argumentos de los abogados era que Dávila laboró en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), por lo que se duda de su imparcialidad.
«Consideramos que es carente de sustento, pero logran su cometido, que al final de cuentas es que no se entre a conocer esta audiencia», dijo Sandoval.
En tanto, la jueza vocal del Tribunal Undécimo de Sentencia Penal, Yanet Hernández, se excusó de continuar conociendo el caso. Según el jefe de la FECI, la jueza dijo que ya había externado opinión del Caso IGSS-Pisa porque «brindó alguna información en el caso relacionado con la exmagistrada Blanca Stalling».
