Gladys Monterroso
licgla@yahoo.es
«Más que a nada, le temo a la orfandad ética.»
Marcela Serrano
Desde hace algún tiempo hemos leído información en los medios de comunicación relacionados a un grupo de abogados que trabajaron en la CICIG, y posteriormente crearon su despacho jurídico, con todo el conocimiento que supone haber trabajado en la institución, más el conocimiento de algunos casos, por lo que se deduce con informantes dentro de la misma.
Veamos cómo surge la CICIG, nace como un proyecto de la sociedad civil de la época, con características muy especiales, dentro de las que podemos mencionar una referente a la inmunidad del personal de toda acción judicial, con respecto a palabras pronunciada o escritas y a actos realizados por ellos en el desempeño de su misión. Lo importante estriba en que esta inmunidad se traslada en el tiempo perpetuamente aunque ya no se encuentren ejerciendo la función pública dentro de la institución, por lo que debemos entender que dicha inmunidad dentro del país será indefinida.
Una de las características de los empleados de la institución fue, en teoría, que mejor si eran extranjeros, elemento cuestionable porque ¿Solamente en Guatemala hay corruptos? La respuesta fue en teoría que los funcionarios extranjeros no tendrían raíces en el país, por lo tanto en un país como el nuestro podrían actuar con absoluta libertad, ya que los malos del país no tendrían como chantajearlos atacando a su familia.
No cabe duda que las teorías son muy buenas, ponerlas en práctica es lo difícil, ya que el ser humano siempre encontrará recovecos para poder manipular a su beneficio cualquier teoría, sin importar el objetivo con el que la misma surge, y el tiempo ha dado la razón a los que vemos más allá de buenas intenciones, pues si a los guatemaltecos se nos tacha de cualquier epíteto, relacionado con torcer leyes para obtener beneficios personales, los funcionarios de la CICIG no se han quedad atrás, desde el mal recordado Castresana, ha quedado demostrado que no importa la nacionalidad ni el lugar, la inmunidad se convierte en impunidad más pronto que tarde, desafortunadamente.
Para muestra de lo anterior, las últimas noticias relacionadas siempre con exempleados de la institución (Y no guatemaltecos) dejan mucho que desear, porque no es primera vez que son noticia, y no precisamente por algún aporte al país del que siguen viviendo, ya que ejercen a través de terceros asesoría legal y de otro tipo.
Todo lo anterior no es ilegal, ya que dentro de la creación de la institución no se estipulo prohibición alguna para que guatemaltecos y extranjeros pudieran dedicarse a cualquier actividad relacionada al objeto de la misma, si así hubiera sido se estarían violando derechos fundamentales, volvemos a caer en un tema de suyo controversial ¿Dónde termina lo ético? Termina en el límite de la escala de valores que cada quien tiene, sin embargo, existen valores que son generales y de aplicación no escrita universal, servirse por lo tanto de una institución para adquirir conocimientos, relaciones y transgredir posteriormente la escala mínima de valores que se espera de un funcionario o exfuncionario deja mucho que desear.
Alguien podrá tildar a quien piense de la forma en que lo hago de ser de derechas, y en el peor de los casos me podrán tildar de ser amiga de corruptos o en última instancia, ser corrupta, más no es así, soy una ciudadana que ama a su país y a quien no le gusta que se burlen del mismo.
Con los antecedentes antes expuestos sería sano que se modifique el tratado que dio origen a la CICIG, para que, como cualquier funcionario público los miembros de la misma sean sujetos de fiscalización como lo son, desde el Presidente de la República, hasta el último sacador de basura, ya que revestir de inmunidad a un ser humano, puede fácilmente convertirse en impunidad, y no es cuestión de semántica, es de valores principios y ética, de las que probado está muchos adolecen.
