Desde hace varios meses se ha venido dando una práctica de algunos personajes que denuncian “persecución ilegal” y ayer circuló en las redes sociales un video en el que una jueza de femicidio hace una “denuncia pública” planteando una serie de hechos que, si fueran ciertos, serían delitos de mucha seriedad.
Hace unos meses, el diputado Armando Melgar Padilla grabó un video en el que decía sentirse perseguido e intimidado. El exasesor presidencial que se fue a refugiar al Congreso para tener derecho de antejuicio dijo ser víctima de una trama para chantajearlo por la aprobación de las Reformas Constitucionales. Finalmente pareciera que Melgar se quiso colocar en papel de víctima cuando supo que la IVE estaba investigando millones de quetzales que manejó en sus cuentas sin tener cómo justificarlos.
Posteriormente, una fiscal que grabó una llamada de la Secretaria General del Ministerio Público, Mayra Véliz, procedió a denunciar presiones en su contra. Al escuchar la grabación se oye una jefa –Véliz-, pidiendo más eficiencia a una subalterna –la fiscal Tamara De León- en el desempeño de sus obligaciones. Fuentes oficiales indican que en éste caso hay otros detalles que ponen en entredicho el papel de la funcionaria que denunció presiones.
Ahora, la jueza de Femicidio Michelle Dardón Aguilera denuncia que está siendo víctima de escuchas ilegales al gozar ella de derecho de antejuicio y aprovecha a decir que se están realizando prácticas ilegales desde el Ministerio Público en su contra.
La verdad es que una persona de Derecho, especialmente un juez, debería saber que una denuncia pública no sustituye su obligación de hacer la denuncia penal obligada al tener conocimiento de la comisión de un delito.
Ante esta denuncia, ayer se anunció la apertura de oficio de una investigación por las declaraciones de Aguilera y será fundamental conocer los detalles para garantizar que los métodos y procedimientos utilizados en la persecución penal se mantienen apegados a la ley.
El gran problema es cuando una figura de la administración de justicia sale utilizando los métodos de las campañas negras que han orquestado para debilitar los avances en la lucha contra la corrupción. Utilizar las redes sociales en lugar de presentar la denuncia como corresponde, nos hace pensar que está haciendo uso del mismo método que Melgar y la fiscal De León utilizaron para tratar de condicionar la reacción de la opinión pública.
Denuncias de este tipo tienen que conocerse a profundidad para garantizar el apego a la ley. De lo contrario, simplemente quedan como contraataque de quien se sabe en riesgo por sus acciones.
