En cualquier Estado democrático, el uso de la Ley de Orden Público y cualquiera de sus estados de excepción debería ser la última medida a adoptar por las autoridades, y se debería hacer con una planificación y verificación detallada que permita comprobar el logro de los objetivos planteados.
Ahora ha sido decretado el estado de Sitio en Ixchiguán y Tajumulco, municipios de San Marcos, preocupados por la tenencia de armamento de tipo militar, el fracaso de mesas de diálogo para buscar acuerdos entre los pobladores y la urgente necesidad de prestación de servicios básicos para la población en general.
Para muchos en Guatemala, la intervención del Ejército es siempre la solución, pero es un terrible error si, como parece interpretarlo el Ministro de la Defensa, se toma esta situación únicamente como un operativo militar. Por supuesto, es necesario imponer la ley y garantizar el Estado de Derecho, pero se tiene que entender el origen del conflicto que va mucho más allá de erradicar plantaciones de amapola y enfrentar a un grupo armado de pobladores.
Todos los esfuerzos de mediación que se puedan realizar tienen que ser parte de la estrategia operativa para que no estemos limitados al uso de la fuerza castrense y del miedo que esto genera para temporalmente cesar la ingobernabilidad en la zona.
Evidentemente, el Estado de Guatemala no tiene presencia y, menos, eficiencia para garantizar que la ley y el orden serán el marco dentro del que los ciudadanos, autoridades y entidades tanto públicas como privadas, debemos funcionar.
Por ello consideramos que ante una carencia de un Estado que ha permitido que el desorden crezca en tal manera, no es únicamente a porrazos que deba ser atendido de parte de las autoridades.
A quienes sean parte de un grupo criminal, que se les ubique, desarme, capture y procese como tiene que ser en cualquier sociedad democrática que garantiza la seguridad para sus ciudadanos.
Lamentablemente, el gobierno tras 16 meses ejerciendo, no ha logrado presentar a una sola persona con el liderazgo, credibilidad y solvencia como para ejercer de interlocutor en situaciones que necesitan de operación política y resolución de conflictos de manera efectiva.
Es entendible que existan tantas dudas cuando ni siquiera su propia propuesta de reforma fiscal o un acuerdo con su bancada en el Congreso han sido capaces de consensuar y es por ello que nos preocupa que todas las acciones de diálogo y resolución de conflicto en la zona de San Marcos se queden tiradas para darle paso a la fuerza bruta. Ojalá se imponga el orden, pero que se busquen soluciones para largo plazo.
