Por Joseline Ayala
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El presidente de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso, Adim Maldonado, aseguró en esta semana que la sala de trabajo presentará el dictamen favorable a la propuesta del oficialismo de retirar algunos candados a la Ley del Presupuesto, que fueron implementados para el gasto del erario público de este año.
Mañana estaremos presentando el dictamen favorable sobre las reformas al decreto de la Ley de Presupuesto para el ejercicio fiscal del 2017 y esperamos que el pleno apoye la propuesta porque hay muchos temas que son responsabilidad de todos los diputados, entonces debemos enmendarlo, dijo Maldonado.
Según el diputado, quien también es el ponente de la misma, la propuesta fue presentada debido a que los candados que condicionan la ejecución presupuestaria de los programas sociales del Ministerio de Agricultura y de Desarrollo no permiten activarlos y brindar la ayuda adecuada a las familias necesitadas, por lo que es necesario removerlos y buscar alternativas.
«Si los diputados se van a poner en la posición de no apoyar porque es una propuesta presentada por el oficialismo, tampoco es la actitud, porque creo que tampoco estamos para eso y esperamos que en esos artículos no haya mayor discusión sino que asumamos que el presupuesto tiene sus errores y que debemos cambiarlos», explicó Maldonado.
El congresista agregó que el mismo día que fue presentada la propuesta que consiste en 10 cambios, el diputado integrante del Movimiento Reformador (MR), Luis Hernández Azmitia, también propuso un cambio al artículo 23 del Ley del Presupuesto, sobre la transparencia y eficiencia del gasto público.
Sobre esa iniciativa, Maldonado aseguró que siguen analizándola y que no han tomado una postura, pues Hernández propone una reforma que ya se estaba proponiendo y en un sentido totalmente distinto.
CAMBIO
La modificación del Frente de Convergencia Nacional (FCN) en el artículo 23 de Transparencia y eficiencia del gasto público, es que previo a la entrega de los aportes a los beneficiarios de los programas sociales, se deberá depurar, actualizar y publicarse el listado de los que lo reciben, sin realizar un censo.
Entre los argumentos del oficialismo se señala que la redacción del artículo es ambigua, y aseguran que retrasa la prestación de los servicios debido a que manda a realizar un censo de beneficiarios a través del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) y del Ministerio de Desarrollo Social (Mides).
