Claudia Escobar. PhD.
claudiaescobarm@alumni.harvard.edu
“Los Consejos de la Judicatura
se han creado con el objetivo explícito
de reforzar la independencia de la magistratura,
un objetivo logrado en la medida en que
el cuerpo llega a estar efectivamente a salvo
de la influencia directa de las otras instituciones”
Guarnieri y Pederzoli
Con anterioridad indiqué, en este mismo espacio, que las normas constitucionales actuales han permitido que el Sistema Judicial sea influenciado por otros poderes del Estado y por distintos grupos de interés. Además, me referí a la necesidad de eliminar las comisiones de postulación y a la importancia de fomentar una verdadera carrera judicial. Pero para lograr una verdadera transformación del Sistema de Justicia, también es indispensable separar las funciones administrativas de las judiciales en la Corte Suprema de Justicia y sobre todo garantizar la independencia judicial.
Si queremos una verdadera independencia de poderes, los políticos tienen que sacar las manos de los nombramientos en el Sistema Judicial. George Washington decía hace más de 200 años que: “Cuando la política entra por la puerta, la justicia sale por la ventana”. Por eso es que hay que privilegiar la meritocracia.
Es necesario que los funcionarios judiciales sean los más idóneos. Es decir que sean personas honestas, capaces y que no tengan conflictos de intereses al desempeñar su cargo.
Cuando una persona aspira a un puesto de trabajo en cualquier empresa privada, sabe que debe pasar por un largo y complejo proceso de selección. Seguramente tendrá que hacer un test psicológico y de aptitud para determinar si llena requisitos mínimos para ocupar ese puesto; después realizará una serie de exámenes de conocimiento; luego se verifica que toda la información que proporcionó sea veraz y por último tendrá que realizar una serie de entrevistas para poder ser contratado. Ninguno de estos pasos se lleva a cabo para elegir a las más altas autoridades de la justicia en Guatemala. En Guatemala los magistrados se eligen por compadrazgos políticos, como dijo un conocido ex presidente del Congreso “Lo único que hace falta es tener buenos contactos en el Congreso”. Se violan así los estándares internacionales mínimos que los Estados deben de cumplir en la elección de las funcionarias judiciales.
Otro asunto que provoca que la justicia sea ineficiente es que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia sean los encargados de administrar los recursos del Organismo Judicial. Ellos se encargan de la ejecución del presupuesto y de la contratación de TODO el personal judicial y administrativo. Dedican más del 95% de su tiempo a estas actividades gerenciales. Se ha comprobado que el delegar a los magistrados la gestión de recursos y otras funciones administrativas permite el tráfico de influencias en la Corte, ya que a través de las contrataciones de personal se pagan favores a los grupos políticos que les apoyan en la elección.
Esta problemática se resuelve con la creación de un Consejo Nacional de Justicia, que tenga la responsabilidad de seleccionar a los funcionarios judiciales con objetividad. Que además se encargue de la capacitación, supervisión y disciplina y/o sanción de los funcionarios judiciales. También se pretende que el Consejo pueda realizar funciones administrativas, financieras y otras que actualmente ejerce, de forma ineficiente, la Corte Suprema de Justicia.
El objetivo principal de este nuevo ente debe ser garantizar la independencia judicial y proteger a los jueces de interferencias internas y externas. Tendría que garantizar que los nombramientos en la judicatura no obedezcan a intereses políticos, partidarios, ideológicos, religiosos, ni de ningún otro sector.
