POR MARIELA CASTAÑÓN
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En 16 años se reportan más de 83 mil muertes violentas
El 1 de mayo, 2 mil 200 soldados del Ejército abandonaron la seguridad ciudadana para concentrarse en las fronteras del país. Los puestos que dejaron ya están ocupados por la promoción más nueva de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), integrada por 2 mil 128 miembros. Durante 16 años, diferentes gobiernos justificaron la “necesidad” de usar a las fuerzas castrenses para apoyar a la Policía, a pesar de que no tenían atribuciones legales para capturar o investigar. Solo en los últimos 8 años, el Estado concedió al Ejército una inversión de Q1 mil 253 millones 805 mil 996.74. En 16 años, con la presencia de los escuadrones de seguridad ciudadana, se reportaron 83 mil 101 muertes violentas.
La colonia Carolingia, en la zona 6 de Mixco, es una de las áreas más conflictivas de ese municipio del departamento de Guatemala, debido a la violencia homicida, los desmembramientos y las extorsiones que persisten.
Transitar por el lugar no es fácil, sobre todo en los callejones donde se observan diferentes grafitis realizados por los miembros de las pandillas, que marcan su área de operación para cometer delitos.
La presencia de extraños no pasa desapercibida, pues constantemente es vigilada desde diferentes viviendas o por medio de personas denominadas “banderas” o vigilantes de quienes delinquen en el sector.
La inseguridad en Carolingia es parte de la cotidianidad, a pesar de la instalación de un destacamento militar. La presencia de los soldados no fue impedimento para detener las acciones delictivas de las maras en ese sector.
Al igual que en Mixco, la violencia homicida, continuó en las demás áreas donde había presencia de las fuerzas castrenses.
Información de la Subdirección General de Operaciones de la Policía Nacional Civil (PNC), destaca, usando como fuente al Estado Mayor de la Defensa (EMD), que la presencia militar estaba -antes del 30 de abril- constituida por 4 mil 401 soldados, quienes estaban en 53 ubicaciones.
Los departamentos donde había soldados eran: Guatemala, Chimaltenango, Sacatepéquez, Quetzaltenango, Petén, San Marcos, Alta Verapaz, Suchitepéquez, Izabal, Quiché, Huehuetenango, Jutiapa, Chiquimula, Zacapa, El Progreso, Jalapa y Escuintla.
De acuerdo con los datos oficiales, la presencia real del Ejército no era de 4 mil 401, sino de 1 mil 467, pues se dividían en tres turnos.
JUSTIFICACIÓN DE LOS GOBIERNOS Y LAS 83 MIL MUERTES
En junio de 2000, en el gobierno de Alfonso Portillo, se creó el Acuerdo Legislativo 40-2000, “Ley de Apoyo a las Fuerzas de Seguridad Civil”, el cual establecía atribuciones “sin carácter limitativo” para que el Ejército cooperara en el combate al tráfico y comercialización de estupefacientes, delitos de secuestro, contrabando, entre otros.
En el gobierno de Óscar Berger se publicó el Acuerdo Gubernativo 83-2006 que reformó el 178-2004, estableciendo que: “El Plan de Movilización –del Ejército- consistiría en la captación de efectivos, de carácter temporal, para apoyar en el mantenimiento de la seguridad interna, las amenazas de la delincuencia y el crimen organizado.
La gestión de Álvaro Colom también apoyó la intervención militar en la seguridad ciudadana, además de incrementar el personal militar y la reinstalación de antiguos destacamentos militares, decretó reformas al Acuerdo Gubernativo 178-2004, mediante el Acuerdo 216-2011.
En la administración de Otto Pérez Molina se implementaron tres nuevos escuadrones de seguridad ciudadana, que integraban a 1 mil 500 soldados. La inversión para desplegar esa cantidad de soldados fue de Q108 millones.
En el referido periodo de tiempo los gobiernos en mención permitieron que el Ejército creciera a 9 escuadrones de seguridad ciudadana, conformada por más de 4 mil soldados.
A pesar de las justificaciones de las diferentes gestiones estatales, la presencia del Ejército no tuvo un impacto significativo, muestra de ello son las 83 mil 101 muertes violentas registradas por la PNC, por arma de fuego, arma blanca, artefacto explosivo, estrangulamiento y linchamiento. De la estadística, 67 mil 327 decesos fueron por arma de fuego.
Los datos reflejan que en el año 2001 murieron violentamente 3 mil 230 personas; en 2002, 3 mil 630; en 2003, 4 mil 236; en 2004, 4 mil 507; en 2005, 5 mil 338; en 2006, 5 mil 885; en 2007, 5 mil 781 y en 2008, 6 mil 292.
Mientras que en 2009, 6 mil 498; en 2010, 5 mil 960; en 2011, 5 mil 681; en 2012, 5 mil 155; en 2013, 5 mil 253; en 2014, 4 mil 998; en 2015, 4 mil 778; en 2016, 4 mil 520 y hasta el 23 de abril hubo 1 mil 359 decesos, para hacer un total de 83 mil 101 muertes violentas.
¿REDUCCIÓN DE VIOLENCIA?
La Hora consultó a dos analistas en seguridad para conocer su opinión sobre si la presencia del Ejército previno la violencia; cada uno opinó diferente.
Walter Menchú, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), destacó que la seguridad ciudadana y los índices delictivos no dependen de una sola causa, sino de varias.
Menchú dijo que en el año 2010 – cuando se reportaron 5 mil 960 delitos contra la vida- empezaron a descender los homicidios, sin embargo, no fue por la presencia del Ejército, pues en los años anteriores cuando iniciaron los patrullajes combinados, la situación no cambió.
“No fue en 2009 cuando empiezan a descender los homicidios. No fue cuando el Ejército sale a las calles, es decir, si el Ejército salió a las calles años antes, la pregunta es ¿por qué siguieron incrementando los homicidios y la delincuencia en los años anteriores? -El aumento- siguió hasta alcanzar 6 mil homicidios anuales”.
De acuerdo con Menchú, a partir del año 2012, el gobierno de Otto Pérez Molina creó las fuerzas de tarea territoriales –que involucraban al Ejército para prevenir delitos en zonas rojas- y fortaleció los patrullajes combinados. También en el año 2013 – se crearon tres escuadrones de seguridad ciudadana más-, pero la violencia homicida volvió a incrementar -5 mil 253 delitos contra la vida-.
“Si se incrementó el uso del Ejército en comparación con los años anteriores ¿por qué se incrementó la violencia homicida ese año -2013-? No existe una relación directa –de disminución- en los números, respecto a la estadía del Ejército en las calles. Únicamente fue percepción, porque obviamente si uno ve a un soldado con un gran fusil atravesado en frente, el cerebro dice que sí hay seguridad, pero el Ejército no tiene atribuciones para hacer capturas, solo es apoyo para la Policía”, explicó el profesional.
En tanto, Julio Rivera Clavería, viceministro de Seguridad durante el Gobierno de Pérez Molina, dice que la labor del Ejército “ha sido efectiva”. A su criterio, algunas opiniones de personas con “tendencia de izquierda” dicen que el Ejército no ha sido efectiva en las tareas de seguridad ciudadana, pero él considera que sí.
“Ellos cubrieron el déficit que tenía la Policía y, en segundo lugar, han trabajado en las zonas rojas prestando colaboración al patrullaje combinado con la PNC. En tercer lugar, han servido de control para que la PNC no se involucre en temas de corrupción porque hay controles; en cuarto lugar, estar en las zonas rojas ha hecho que la presencia del Ejército mantenga el límite de los hechos de violencia”, refirió.
A criterio de Rivera, la salida del Ejército debió planificarse con más tiempo para que no se incremente la violencia. Él opina que la violencia, las extorsiones y los homicidios van a aumentar, sin embargo, al profesional se le cuestionaron estos argumentos, pues el Ejército no tiene competencia legal para capturar e investigar extorsiones y asesinatos. También se le indicó sobre los grafitis y la presencia de pandillas a escasas cuadras de destacamentos militares; el entrevistado reiteró en que, a su criterio, el Ejército sí “sirve” para prevenir delitos.
“Por eso se llaman patrullajes combinados, porque captura la Policía y apoya el Ejército. Que haya pintas alrededor de los destacamentos militares no significa que necesariamente estén operando –las pandillas-. La presencia de los escuadrones de seguridad ciudadana, combinados con la Policía, pueden dar un buen efecto y sirve, lo que sucede es que hay que mejorar poco a poco a la Policía, para que paulatinamente se traslade a la Policía todo el tema de prevención”, respondió.
EL RETIRO Y LA PRESENCIA POLICIAL
De acuerdo con el Ministerio de Gobernación (Mingob) y el Ministerio de la Defensa (Mindef), el Ejército abandonará las tareas de seguridad este año en dos fases: el 30 de abril y el 31 de diciembre. Los 4 mil 401 soldados pasarán al resguardo de las fronteras del país. A partir del 1 de enero de 2018, la PNC se hará cargo de la seguridad ciudadana, tal como lo establecen los Acuerdos de Paz.
El subdirector general de Operaciones de la PNC, Erwin Mayen, explicó que el retiro del Ejército se hará de manera gradual y con base en un mapa de incidencia criminal.
“Se hace una identificación de áreas prioritarias para tener un mapa más claro hacia dónde vamos a hacer el retiro gradual. Esa información está contenida en registros de incidencia criminal, priorizando una de nuestras metas estratégicas que es la reducción de delitos contra la vida. Esa lectura nos permite identificar cinco departamentos críticos que son: Guatemala, Escuintla, Petén, Izabal y Chiquimula. Dentro de esos departamentos se identifican 30 municipios”.
Mayen fue consultado sobre qué harán para ocupar los espacios que dejará el Ejército; el Subdirector respondió que desde diciembre del año pasado se empezó a trabajar, pues con los más de 2 mil policías que se graduaron a finales del año pasado se cubrieron estos vacíos. En tanto, este año 4 mil policías se graduarán a finales de 2017, esto permitirá tener una cobertura mayor, que incluso tenía el Ejército.
El jefe policial refirió que la PNC está comprometida con la ciudadanía para servirle y, por tanto, no debe temer en que se puede originar un incremento de violencia homicida. El mandato policial es claro, reiteró.
“Como institución policial tenemos un mandato legal, tenemos nuestro Decreto Ley 11-97 –Ley de la PNC-, que nos da los principios básicos de actuación y que en consecuencia se traduce en proteger la vida de las personas, proteger sus bienes y mantener el orden público. Son tres mandatos que se resumen en nuestra misión institucional y que cuando hacemos el juramento de la bandera y nos graduamos en la Academia de Policía, tenemos muy claras nuestras funciones que son proteger y servir”, refirió.
Mayen agregó que difícilmente pueda originarse un incremento de violencia, porque se trabaja desde diciembre para que la PNC ocupe los espacios que dejará el Ejército. Además, el fortalecimiento en las capacidades de investigación y prevención han permitido que a la fecha se reporten 70 homicidios menos en comparación con 2016. En tanto, los datos continúan reflejando disminución.
